El Tribunal Supremo ha decidido que el juzgado que debe seguir la investigación sobre el origen del patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato es el de Instrucción número 31 de Madrid, como hasta ahora, y no la Audiencia Nacional, han informado fuentes del Alto Tribunal. La controversia sobre qué tribunal debía llevar el conocido como caso Rato llegó al Supremo hace dos meses, después de que los titulares del tribunal madrileño y del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Antonio Serrano-Arnal y Fernando Andreu, respectivamente, discreparan sobre cuál órgano era el competente.

Serrano-Arnal, partidario junto a la Fiscalía Anticorrupción de que fuera Andreu el instructor, pidió el 2 de octubre pasado a la Sala de lo Penal del Supremo que aclarara quién debía asumir el caso en el que se investiga el patrimonio de Rato ante las sospechas de que podía haber blanqueado dinero en el exterior. El 18 de noviembre pasado la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunció a favor de que fuera el juzgado de Serrano-Arnal el que instruyera el caso al considerar que existían "sólidos indicios" de que los delitos se empezaron a cometer en suelo español, criterio que finalmente ha decidido seguir el Supremo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga desde hace meses el origen de la fortuna de Rato, imputado por blanqueo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares, con especial atención a los movimientos llevados a cabo por Kradonara 2001, epicentro del entramado societario del ex ministro. Esta sociedad recibió 6,5 millones procedentes del extranjero cuyo origen Hacienda desconoce, de los que algo más de 3 millones lo obtuvo a través de Vivaway, una firma constituida en Reino Unido y administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas. Con todo este dinero, Kradonara mantuvo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es explotar un hotel en Berlín, en el que el ex director gerente del FMI posee un 50%.

Pero además, Kradonara está en el foco de la investigación porque recibió cerca de 800.000 euros de la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo, quien estuvo encarcelado acusado de actuar como testaferro de Rato y cobró más de dos millones en comisiones ilegales de las empresas que llevaban la publicidad de Bankia, en tiempos de Rato. Los investigadores creen que parte de ese dinero fue a parar a Kradonara quien, en última instancia, destinó 450.000 euros más a la firma alemana con la que Rato participa en el hotel de Berlín.

Por la complejidad de este caso y el movimiento de dinero más allá de las fronteras españolas, la Fiscalía Anticorrupción consideraba que el caso debía ser asumido por la Audiencia Nacional, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo discrepa. Hasta el momento, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid mantiene imputados además de a Portuondo y a Rato, a su ex mano derecha en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, a su antigua secretaria personal, Teresa Arellano, al abogado Domingo Plazas y al gestor de la familia Miguel Ángel Montero, entre otros.