El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló ayer una multa que impuso la Comisión Europea a España por irregularidades en las ayudas al sector del aceite de oliva entre 1998 y 2001. Los hechos se refieren a la sanción que Bruselas impuso en 2007 por valor de 183,9 millones de euros por carencias en los controles del sector olivarero, en las declaraciones de cosechas, rendimientos y en las almazaras. España solicitó una anulación parcial, ya que no recurrió la parte reclamada a Andalucía (70,4 millones).

El fallo de ayer anula parcialmente la sentencia dictada en noviembre de 2010 por el Tribunal General de la UE, que confirmó los argumentos de la Comisión. Según la nueva sentencia, Bruselas incumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria para comunicar la detección de irregularidades en los gastos de la política agrícola.

Además, la sentencia señala que el escrito de la Comisión Europea de julio de 2002 no mencionó el motivo por el que Bruselas decidió llevar a cabo una corrección financiera. Según el Tribunal, la primera comunicación a España se produjo en noviembre de 2004. Por ello, el plazo de 24 meses que puede ser objeto de sanción debe computarse a partir de noviembre de 2004, y no afectar a los gastos anteriores a 2002.