La ley que respaldará el plan de austeridad de Grecia salió adelante ayer, con 155 votos a favor y 136 en contra. Las impopulares medidas se basan en recortes, subida de impuestos y privatizaciones, por lo que generaron el desacuerdo del pueblo, que, después de dos días de protestas, volvió a casa. Ahora le toca el turno a Europa, que debe ponerse manos a la obra para desbloquear los 12.000 millones de euros de ayudas que prometió y para diseñar una segunda asistencia de 100.000 millones. De ella sólo se sabe que dará cabida a las entidades financieras privadas y que sus grandes líneas se trazarán en la cita del Ecofín del 11 de julio.

"Ya se dan las condiciones para adoptar una decisión sobre el desembolso del próximo tramo de asistencia financiera a Grecia y para un rápido progreso en un segundo plan", dijeron José Manuel Durao Barroso y Herman Van Rompuy, presidentes de la Comisión y el Consejo, en una nota conjunta.

El ministro alemán de Economía, Wolfgang Schaeuble, hizo ayer oficial la contribución del sector financiero germano, que participará en el segundo rescate con 3.200 millones de euros. Las entidades germanas son las segundas principales acreedoras del país heleno, con una exposición de 10.000 millones. Sin embargo, el 55% de la deuda vence a partir de 2020.

La medida cuenta con la desaprobación de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, que cree que los gobiernos actúan con "estrechez de miras". A su juicio, las privatizaciones son una alternativa mejor para financiar al país. "Desaconsejamos cualquier opción que no sea puramente voluntaria o que tenga elementos de obligatoriedad", incidió.