El Parlamento Europeo respaldó la directiva comunitaria que establece unas sanciones mínimas en toda la UE para los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales. Sin embargo, la aprobación final a nivel de la UE está pendiente de un acuerdo de la Eurocámara con los Gobiernos comunitarios, ya que los eurodiputados propusieron una declaración conjunta que pedía medidas más duras en el futuro contra los subcontratistas que empleen a ilegales.

El viceprimer ministro checo, Alexandr Vondra, dijo en nombre de la presidencia que no podía aceptar un compromiso en nombre de los Veintisiete sin consultarles previamente, por lo que el pleno del PE aplazó la votación de la resolución legislativa (el texto jurídicamente vinculante).

La nueva norma obligará a los países miembros de la Unión Europea a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular. En primer lugar, las empresas tendrán la responsabilidad de comprobar que las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y deben comunicar su contratación a las autoridades. Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

Pero la directiva prevé también sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si le explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.

"Los empleadores que den trabajo a personas sin papeles, a menudo en condiciones de vida y salariales lamentables, deberán rendir cuentas ante la justicia, incluso por la vía penal", señaló el ponente del informe en el PE, el socialista italiano Claudio Fava. Para quienes contratan a personas sin papeles como empleados del hogar, el texto prevé "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación. A fin de garantizar el respeto a esta normativa, las autoridades de los países comunitarios tendrán que asegurar un sistema de inspecciones "efectivo y adecuado" en sus respectivos territorios. Los países comunitarios tendrán un plazo de dos años para trasponer esta directiva en su legislación nacional. Se calcula que en los 27 países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.