Vodafone ha comenzado a cobrar 2,5 euros a sus clientes por realizar algunas gestiones a través de su servicio de atención telefónica, como solicitar los códigos PIN o PUK o modificar las condiciones del contratro, con el fin de fomentar que estas acciones se lleven a cabo a través de otros canales, como pueden ser la aplicación móvil o la página web.

Fuentes de la compañía explican que todas las gestiones que se han comenzado a cobrar se pueden realizar a través de otros canales que son "completamente gratuitos" como la aplicación Mi Vodafone o el servicio de reconocimiento de voz. Inciden que las gestiones telefónicas que han pasado a ser de pago representan tan solo el 1,6% de las llamadas de particulares que recibe el servicio de atención al cliente de la operadora.

Con esta decisión, la compañía busca fomentar que sus clientes utilicen otros canales distintos al telefónico para realizar sus gestiones, ya que ofrecen más facilidades tanto al usuario como a la empresa y cada vez son más usados por sus abonados.

Entras las gestiones que pasarán a ser de pago se encuentran las solicitudes de los números PIN o PUK, la petición de un duplicado de factura, la modificación del contrato o un cambio de cuenta bancaria.

En un comunicado, UGT criticó esta medida al considerarla "una paradoja insultante", ya que supone pagar más por recibir un servicio que está incluido en la relación contractual cliente-operadora y que responde a "la lógica más elemental" en la asistencia básica que una entidad proveedora de servicios debe prestar a sus clientes. Además, el sindicato teme que un descenso en el número de llamadas pueda generar una pérdida de empleo en el servicio.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Vodafone ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por cobrar a sus clientes por realizar telefónicamente una serie de consultas o gestiones que venían siendo gratuitas hasta ahora. Para la OCU "no hay justificación" para la introducción de estas tarifas, que son contrarias a la normativa de protección de consumidores.