Economía

Volkswagen admite que quiso engañar a las autoridades de EEUU

  • El jefe de la firma en el país reconoce ante el Congreso que la compañía quiso ocultar las emisiones reales y que la mayoría de los coches no estarán reparados hasta 2017. La Fiscalía alemana ordena registros en varias sedes, incluida la central.

El presidente del Grupo Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, se enfrentó a un aluvión de críticas en el Congreso estadounidense por el trucaje de los motores diésel y reconoció que la mayoría de los 500.000 vehículos afectados en este país seguirán contaminando al menos hasta 2017. Horn compareció durante dos horas ante un grupo del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para intentar responder a las preguntas de los congresistas sobre las acciones del Grupo Volkswagen en el escándalo.

El presidente dejó numerosas preguntas clave sin responder y proclamó su desconocimiento previo tanto de la manipulación de los motores turbodiesel de la compañía alemana como de los detalles del software ilegal que oculta las emisiones reales de los vehículos. Horn sí reconoció que el objetivo del software ilegal implantado en los sistemas de control de gestión de los motores diésel vendidos entre 2008 y 2015 en Estados Unidos era ocultar a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) que los automóviles no cumplían las normas de emisiones de óxidos de nitrógeno del país.

A la pregunta del presidente del comité, el republicano de Pensilvania Tim Murphy, de si VW instaló software "con el propósito expreso" de ocultar sus emisiones, Horn respondió que "sí, fue instalado con ese propósito". Pero el ejecutivo alemán, de 51 años, añadió que no tuvo conocimiento hasta el 1 de septiembre de este año, dos días antes de que el Grupo Volkswagen admitiesen ante EPA que los vehículos estaban manipulados y 17 días antes de que fuese público que los automóviles estaban trucados. Hasta ese momento, Horn sólo sabía que sus vehículos no cumplían las normas de emisiones, gracias a un estudio realizado a principios de 2014 por investigadores independientes, pero la empresa matriz en Alemania le había informado de que el problema podía ser arreglado con la instalación de un nuevo software. "En ese momento -explicó-, no tenía ni idea de que era un aparato para manipular (emisiones) y no tenía ninguna indicación" de que hubiese sido instalado en los vehículos de VW.

Varias veces, Horn se disculpó por su incapacidad para responder a las preguntas específicas de los congresistas, en ocasiones porque la casa matriz en Alemania no le había proporcionado la información y en otras porque, según dijo, "no soy un ingeniero". Lo que el alto ejecutivo sí pudo explicar es que hay tres generaciones de motores afectados y que la solución para eliminar el software ilegal, cumpliendo las normas estadounidenses sobre emisiones, sólo es fácil para el modelo más moderno, la tercera generación instalada en los modelos 2015 y 2016. Para el resto, unos 430.000 de los 500.000 vehículos afectados en Estados Unidos, la solución es más complicada porque requiere la instalación de nuevos equipos y, en muchos casos, no estará disponible hasta 2017. Esto supone que esos automóviles seguirán emitiendo durante más de un año niveles de óxidos, productos considerados cancerígenos por las autoridades, hasta 40 veces más elevados de lo permitido.

Horn explicó que VW está investigando internamente para determinar quiénes son los responsables del engaño y que sufrirán las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, los congresistas estadounidenses expresaron en varias ocasiones su frustración con las respuestas de Horn, especialmente cuando el ejecutivo intentó cargar la responsabilidad del escándalo en "un par" de programadores en Alemania responsables de escribir el código. Horn afirmó que "esto fue algo que hicieron individuos" y no una decisión corporativa.

El representante republicano por Michigan Fred Upton advirtió al presidente de que "Volkswagen pagará un elevado precio por su sucio secretillo". Otros representantes sugirieron a Horn que lo que la compañía tiene que hacer es compensar a los propietarios de los vehículos trucados porque VW les vendió un producto distinto al que estaba publicitado, o reembolsar el precio pagado. Ante la propuesta de la representante demócrata Jan Schakowsky de que VW preste automóviles a los propietarios afectados para evitar las emisiones contaminantes hasta que estén arreglados, Horn contestó que la compañía no puede hacerlo "porque EPA ha dicho que los vehículos son seguros".

Registros en Alemania ordenados por la Fiscalía

La Fiscalía alemana ordenó registrar varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburgo (norte de Alemania), en el marco de la investigación abierta por la manipulación de las emisiones contaminantes. Según informó la Fiscalía de Braunschweig (norte) en un comunicado, el objetivo de los registros es incautarse de documentación y soportes informáticos "que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados" en los presuntos hechos delictivos que se investigan.

Los registros fueron dirigidos por tres oficinas de la Fiscalía alemana, con apoyo de las fuerzas de seguridad. Tras recibir varias denuncias, la Fiscalía de Braunchsweig decidió abrir diligencias para investigar un presunto fraude por el trucaje de motores diésel. Aunque en un primer momento el ministerio público informó de que las diligencias se centraban en el ex presidente de Volkswagen Martin Winterkorn, quien dimitió poco después de conocerse el escándalo, después aclaró que se trataba de una investigación contra desconocidos.

El escándalo de Volkswagen se desencadenó el pasado 18 de septiembre, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) divulgó que casi medio millón de automóviles de ese grupo están trucados para esconder sus emisiones reales de óxidos de nitrógeno. Se estima que en todo el mundo unos once millones de vehículos de VW están equipados con el software que permite ocultar el nivel real de esas emisiones durante las pruebas de laboratorio, la mayoría de ellos en países de la Unión Europea.

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