El rechazo de una empresa aceitera de Lucena a actualizar el salario a un grupo de tres trabajadoras, cuando sí lo ha hecho con los empleados varones, aludiendo a que el convenio decía expresamente a "trabajadores", denunciada por CCOO, provocó ayer un tsunami de airadas reacciones. La discriminación es "tan descaradamente machista y tan descaradamente ofensiva" que debería ser "constitutiva de delito de odio hacia la mujer", según interpretó la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Toda la vida hemos tenido que aguantar que en el masculino estuviéramos incluidas las mujeres, pero ahora además se intenta aprovechar de una manera terrible para discriminar, para tratar desigualmente, para pagar todavía menos a las mujeres por el mismo trabajo de los hombres. Es inconstitucional, esa conducta debería incluirse incluso como delito de odio", explicó la vicepresidenta de Themis, Altamira Gonzalo.

La presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, también señaló que esta decisión de la empresa "seguramente podría considerarse un delito de odio y discriminación" hacia las mujeres. Gonzalo calificó la actuación de la empresa de "descaradamente machista" y "descaradamente ofensiva": "La Inspección de Trabajo debía de poner una sanción ya a esa empresa por conducta discriminatoria por razón de sexo".

Desde la Fundación Mujeres, su presidenta, Marisa Soleto, aseguró que "esta discriminación salarial directa" por parte de la aceitera es una "tomadura de pelo" a los agentes sociales y a las propias trabajadoras, y deseó que intervengan sindicatos y agentes judiciales.

La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, tildó, por su parte, de "absolutamente vergonzoso" que la compañía haya empleado una "justificación tan burda" para "lesionar" los derechos de las trabajadoras. Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntada por la denuncia de CCOO.

"Parece mentira que para un vez que se aplica una perspectiva de género por parte de esta empresa, sea para cargar contra sus trabajadoras", espetó la consejera. Según Sánchez Rubio, lo que tiene que hacer la citada empresa es "cumplir con su compromiso laboral y dejar ese concepto de trabajadores/trabajadoras para que se definan, precisamente, los derechos de las mujeres, no para que se atropellen los derechos de éstas".

Mientras tanto, en Madrid, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, calificaron de "golfo" y "sinvergüenza" al empresario. Sordo dejó claro que "en castellano hay palabras que no tienen género, como sinvergüenza" y consideró "surrealista" y "absurda" la razón para no pagar esos atrasos, ya que no se sostiene "desde ningún punto de vista". "Parece una información salida de un diario satírico", dijo, para añadir que da muestra de "la mentalidad instalada en alguna parte del empresariado".

Álvarez, por su parte, consideró que "estamos ante un empresario que quiere hacerse una campaña de publicidad gratuita", al que llamó "golfo", y pidió a la Fiscalía que actúe de oficio ante "un atropello con nocturnidad, alevosía y sin ponerse colorado".

La aceitera de Lucena denunciada por CCOO, tras negarse en principio a hablar, dijo ayer que desconoce tal denuncia y que "jamás" ha habido "ánimo" de discriminar. En un comunicado, la representación de la aceitera indicó que "ante las noticias" sobre una "presunta actuación" de la empresa expresó su "completo desconocimiento de la denuncia que tanto revuelo ha causado".