Economía

Los acreedores abandonan al dueño de Aifos y dejan morir la empresa

  • La promotora malagueña entra en fase de liquidación y deja más de 5.000 perjudicados

La promotora malagueña Aifos ha entrado en fase de liquidación después de más de cinco años en concurso. La junta de acreedores en la que estaba previsto debatir ayer la propuesta dirigida a salvar la empresa presentada por su propietario, Jesús Ruiz Casado, no llegó siquiera a celebrarse. Para que esto ocurriera era necesario que se personaran los representantes de al menos el 50% de los créditos ordinarios, pero la cifra final cuando se cerró el turno de las acreditaciones fue de un 35,1%. De los algo más de 188 millones de pasivo ordinario, acudieron en torno a 66 millones, por lo que sin quorum para la constitución y celebración de la junta, el presidente de ésta, el juez del Mercantil número 1, pasó a anunciar la siguiente fase de la empresa concursada: la liquidación. Todo ello sin perjuicio de que resuelvan los recursos respecto a la nulidad de la junta de acreedores presentados por Aifos y también por los acreedores y los que se pueden interponer ahora.

Una vez que se comunique la fase de liquidación serán los administradores concursales los que habrán de elaborar un plan para la extinción de la empresa, que supondrá poner a la venta los bienes de la concursada. Al inicio del procedimiento estos activos ascendían a algo más de 750 millones de euros, pero sus deudas ascendían a casi 1.000 millones, por lo que aunque se lograra colocar su patrimonio y además se hiciera por ese precio inicial -algo de lo más improbable- no todos los acreedores, más de 5.000, acabarán recuperando la cantidad que les adeuda Aifos.

Todo este procedimiento conlleva sus plazos. En teoría, según las fuentes consultas, en 15 días debería estar finalizado el plan de liquidación por parte de la administración concursal, momento en que se procedería a fijar un plazo de alegaciones para las partes personadas en el concurso. De ahí hasta que el juez dicte el auto con la aprobación del plan de liquidación podría pasar más de un año. Esto si no estima ninguno de los recursos interpuestos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1.

Para el cobro de la deuda existe una jerarquía marcada por la ley concursal. Los créditos que son posteriores a la fecha de entrada en concurso de acreedores están en el bloque de los primeros que cobrarán, conforme se formalicen las ventas de los bienes de la sociedad de Ruiz Casado, junto con los bancos (la parte considerada crédito de privilegio especial) y los salarios de los administradores concursales que se encargan del proceso -que han solicitado unos honorarios de 3,6 millones de euros-.

El siguiente escalón lo ocupa la Seguridad Social, Hacienda y los empleados (créditos con privilegio general). Ya en tercer lugar están los más perjudicados por todo este proceso, el pequeño acreedor y otros tantos millones de euros que corresponden a los bancos, pero que están dentro de esta categoría. O lo que es lo mismo las alrededor de 2.000 familias que entregaron dinero a la empresa de Ruiz Casado por una vivienda que no han recibido. Varias decenas estaban ayer presentes en la sala en la que se iba a celebrar la junta de acreedores y su indignación y frustración es imposible de describir. Algunos tomaron la palabra, que el juez les ofreció pese a no estar obligado.

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