La Junta de Andalucía, y en concreto la Agencia IDEA, ha movilizado toda su maquinaria en los últimos meses para ejecutar todas las ayudas para empresas de los fondos europeos Feder, destinadas en su programa 2014-2020 (aunque comenzó en 2015) a aspectos como I+D, desarrollo industrial, internacionalización o tecnología, entre otras cosas.

El montante total asciende a 485 millones de euros y la Junta acaba de activar dos programas que, si se ejecutan en su totalidad, supondrían ayudas de 284 millones sobre todo para pymes y medianas empresas. El primero es el 'programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía'. Está dotado con 165 millones y la convocatoria está abierta hasta noviembre de 2020. El segundo, más enfocado al I+D, es el 'programa de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía', con 119 millones de presupuesto.

Hasta mayo sólo se había ejecutado el 6% de los 485 millones previstos entre 2015 y 2020

Ahora mismo, sólo una línea de ese programa está abierta a solicitudes, la de proyectos de I+D de carácter internacional, y el resto permanecen cerradas a la espera de la tramitación de las solicitudes de convocatorias anteriores. 

Respecto a este programa, el consejero de Economía, Rogelio  Velasco, prometió a un auditorio que llenó el salón principal de la CEA la puesta en marcha de nuevas convocatorias en los próximos meses y “un calendario cierto a principios de 2020 para que las empresas puedan planear su futuro en el corto plazo”.

Las ayudas incentivan del 35 al 70% de inversiones en I+D y desarrollo empresarial

IDEA va a contrarreloj por el retraso acumulado en años anteriores. Según informó el consejero, a fecha de 31 de mayo, cuando concluyó la auditoría de la agencia, sólo el 6% del dinero subvencionable (unos 29 millones) estaba ejecutado. Ese es el balance de tres años de IDEA, con el riesgo además de que si a final de 2020 el grado de ejecución era bajo, la Junta se expusiera a una multa de Bruselas.

Velasco afirmó ayer que “las líneas de apoyo a la I+D llevaban bloqueadas desde 2017, las esperas de las empresas eran de 27 meses desde la presentación de solicitudes y los órganos competentes (los que debían decidir: comisiones de valoraciones provinciales y regionales y consejo rector) tuvieron su última reunión a principios de 2018”. En la propia agencia señalan dos problemas: la deficiente gestión y un tema formal, que se refiere al hecho de que en determinadas fases los expedientes deben ser tramitados por trabajadores con potestades administrativas, a saber, funcionarios, y no se disponía de ese tipo de personal. A todo eso hay que añadir que, realmente, con el nuevo Gobierno IDEA no ha comenzado a funcionar de verdad hasta junio, pues en la primera mitad de año estuvo paralizada por la auditoría a la que fueron sometidas las agencias de la Junta.

Ahora la Junta tiene poco más de un año para revertir el retraso y no es fácil, porque no sólo necesitará de más agilidad sino de la disposición de las empresas. Al ser subvenciones administrativas son las sociedades las que deben hacer la solicitud y justificarla. Y, sobre todo, deben estar interesadas en realizar la inversión. La Junta aporta entre un 35% y un 70% del montante (el porcentaje o la cantidad dependen de la línea y el tipo de empresa) y el resto corresponde al empresario.

Por ahora, la cosa va bien, según informó Velasco. En la convocatoria abierta, la referida al desarrollo industrial, “la cartera de proyectos presentados se eleva a 3.887 y a pesar de corto periodo el 45% se ha tramitado y 722 ya están aprobados o comisionados para un dictamen positivo o negativo, con una subvención prevista de 65 millones”. Eso supondría, según Velasco, 214 millones de inversión en total y el mantenimiento o creación de 12.000 puestos de trabajo. Si a final de 2020 la Junta logra un alto nivel de ejecución podría ser premiada incluso por Bruselas con tres años más de prórroga del programa.

El resto del dinero de los fondos Feder para empresas, unos 170 millones, hasta sumar los casi 500 disponibles, son inversiones directas de la Junta en colaboración con el sector privado para infraestructuras o sector TIC, también con un bajo nivel de ejecución por ahora.