A nueve meses de que las comunidades autónomas abran de nuevo las urnas tras un ciclo electoral marcado por unos recortes de gasto sin precedentes, varias autonomías se han aventurado a promover bajadas de impuestos, una medida que deberán encajar con el obligado esfuerzo de contención del déficit. La rebaja va en sintonía con el llamamiento que hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las comunidades tras la aprobación por parte del Gobierno de la reforma fiscal, a la que no obstante se habían anticipado varias regiones. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, ha sido la última en anunciar una bajada de impuestos, en su caso de un punto, del 12 al 11%, en el primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF, para rentas inferiores a 17.000 euros.

Con esta medida, cuyo impacto será de 50 millones de euros, Castilla-La Mancha se suma a una senda abierta el pasado año por Extremadura, Galicia, Cantabria y la Comunidad de Madrid, todas ellas gobernadas por el PP, y en la que también han entrado Aragón y Navarra. El Gobierno de José Antonio Monago, tras una primera rebaja de impuestos aprobada en 2013, ha decidido este año una nueva bajada del tramo autonómico del IRPF para el 90% de los contribuyentes, con el objetivo de reducir como un 15% de media para las rentas inferiores a 24.000 euros.

La Xunta de Galicia optó por reducir del 12 al 11,5 por ciento el tramo autonómico del IRPF para todas las rentas hasta los 17.700 euros, y Cantabria, que ya redujo al 11% el tipo mínimo en la escala autonómica el pasado año, entre otras medidas, ha suprimido el céntimo sanitario y prepara una nueva reforma fiscal con una única premisa: bajar impuestos. Madrid ya ha aplicado esa medida este año, con un descenso medio de 1,6 puntos en la parte autonómica del IRPF, repartidos en cuatro tramos.

Para el año próximo, también ha anunciado una reducción en esa misma línea la presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, mientras que los gobiernos de Murcia y de La Rioja no han tocado el impuesto sobre la renta, pero han actuado sobre el de Sucesiones y Donaciones, en el primer caso, y sobre el de Patrimonio en el segundo. Otras dos autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y Baleares, se han mostrado partidarias de bajar los impuestos, pero sin concretar ninguna medida, mientras Castilla y León se ha negado a participar en la "carrera de ver quién baja más los impuestos".

En Navarra el Gobierno de UPN ha planteado una reforma fiscal que rebaja el IRPF en todos los tramos con el fin de volver a los niveles de 2011 y deja el tipo máximo en el Impuesto de Sociedades en el 20%. No los rebajarán el País Vasco, Asturias, Andalucía ni Canarias, mientras Cataluña ha dado a entender que no puede permitirse una rebaja de este calado actualmente por sus estrecheces financieras.

Tras estos cambios, según el Consejo General de Economistas, la tarifa más baja en el impuesto sobre la renta la tienen Madrid y La Rioja, con un mínimo del 23,45% y un máximo del 51,9%, mientras Asturias, Cataluña y Andalucía tienen los máximos más altos, al 56 por ciento. Las autonomías han apostado por las rebajas impositivas tendrán que compaginar su apuesta con el obligado esfuerzo para reducir el déficit público al 1% del PIB este año y al 0,7% en 2015. El pasado año, seis regiones no fueron capaces de cumplir el objetivo de déficit, entre ellas Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, tres de las que han apostado por bajar impuestos.

Entre las bazas que juegan a favor de las comunidades para mantener sus cuentas saneadas está el aumento de las entregas a cuenta del Estado por el incremento previsto en la recaudación, el aumento que esperan de sus ingresos propios y la flexibilización de las condiciones para devolver el dinero que les ha prestado el Gobierno. Sin embargo, no contarán las autonomías con un nuevo modelo de financiación hasta al menos pasadas las elecciones de mayo y en el horizonte aparece la aplicación de la reforma local, que les obliga a asumir varias "competencias impropias" que hasta ahora gestionan los ayuntamientos en materia de sanidad, educación o servicios sociales.

Un panorama que se complica si, como pronostica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las comunidades no cumplen sus presupuestos de ingresos en 2014, algo que ha ocurrido todos los años desde 2007. Los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, autores de un estudio sobre los presupuestos autonómicos, señalan que la principal causa del déficit en el que han incurrido las autonomías en los últimos siete años es la sobrevaloración de los ingresos que no dependen del sistema de financiación. En 2013, por ejemplo, ingresaron 4.651 millones menos de los presupuestados, con desviaciones del 33% en La Rioja, del 31% en la Comunidad Valenciana y del 30 % en Castilla-La Mancha.