Las compañías eléctricas deberán desglosar en la factura del usuario los diferentes costes y disponer de un servicio gratuito de atención telefónica, según el anteproyecto de ley del sector eléctrico que el Consejo de Ministros remitió ayer a as Cortes.

Las compañías contarán con tres meses de plazo para materializar estos servicios, y podrán enfrentarse a multas de hasta el 10% de su volumen neto de negocio si incumplen las nuevas normas, entre las que también se incluye respetar los plazos en los cambios de compañía.

El anteproyecto del ley adapta el concepto comunitario de consumidor vulnerable para asimilarlo al bono social existente en España, creado en 2009 para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013.

La Audiencia Nacional admitió el pasado 27 de junio los primeros recursos de Brenes Abogados contra el recorte de las primas a los productores de energía fotovoltaica, rebaja que les lleva a percibir hasta un 30% menos en comparación con otras temporadas.

Los recurrentes alegan que muchas de las instalaciones fotovoltaicas, cuyo derecho a la tarifa regulada se suspendió cautelarmente, están en perfecta disposición de acreditar que cumplen con todos los requisitos para la aplicación de las primas establecidas en el real decreto 661/2007. En lo que va de año, la CNE ha suspendido cautelarmente el pago de la prima regulada a más de 1.900 instalaciones fotovoltaicas, "en gran parte como consecuencia de la superficialidad que ha caracterizado el análisis realizado por la CNE", alega el bufete.