España está a la cabeza de Europa en crecimiento y creación de empleo, pero los Presupuestos del Estado para 2017 no son los que cabría esperar en una economía en expansión. El 3,2% de crecimiento registrado en 2016 hace que el Gobierno considere que todavía existe margen para aumentar el crecimiento potencial por encima del 2,5% estimado para este año, aunque de su valoración del escenario macroeconómico se desprende que no debemos estar muy alejados. Si así fuera, lo prudente desde una perspectiva cíclica sería comenzar a acumular en previsión de crisis futuras. Podría volverse a dotar, por ejemplo, el fondo para las pensiones o con acciones decididas para transformar el déficit fiscal en superávit y reducir significativamente el endeudamiento público, con el fin de frenar la tremenda fuga de recursos que supone el servicio de la deuda (32.000 millones en intereses y 88.000 en nuevos pasivos financieros para hacer frente a las amortizaciones). Nada de ello se percibe, sin embargo en el proyecto elaborado por el Gobierno. El Estado costará a los españoles 443.000 millones en 2017, pero sólo ingresará 292.000, lo que significa, por un lado, que habrá que pedir prestada la diferencia de 151.000, pero también, por otro lado, que aunque estemos convencidos de que la crisis ha pasado definitivamente a la historia, algunos de sus estigmas están todavía muy presentes.

Tres de ellos son de naturaleza económico-financiera y se resumen en que España sigue teniendo un sector público excesivamente endeudado (en torno al 100% del PIB), en que el sistema de bienestar sigue amenazado por la insostenibilidad del de pensiones (los ingresos corrientes de la seguridad social disminuyen en 8.000 millones en 2017, mientras que el gasto corriente aumenta en 4.000, que es lo que ha estado sucediendo durante toda la crisis) y que también continuamos a la cabeza de Europa en desempleo. Es difícil asumir la superación de la crisis cuando todavía hay más de cuatro millones de personas (el 18,6% del total de las que desean trabajar) que no consigue encontrar empleo, aunque la situación no sea igual en todas partes. En Rioja o Navarra este colectivo representa alrededor del 10%, pero en Andalucía y Extremadura, donde se concentra el 30% de los parados españoles, el porcentaje supera el 28%. El estigma de la desigualdad, y en particular el de los desequilibrios regionales, es otra de las huellas persistentes de la crisis más clamorosamente ignoradas en estos presupuestos, probablemente porque en el juego político que pretende resolver el problema de la minoría parlamentaria del partido del gobierno ni Andalucía ni Extremadura parecen tener mucho que aportar, a diferencia de Canarias u otras autonomías más prósperas. El quinto estigma es precisamente la precariedad de los equilibrios políticos surgidos de las últimas elecciones, con ingredientes del 15-M y de la desafección general con la política, que obligan al gobierno a entrar en el juego de las compensaciones, aunque sea a costa de reducir la inversión, las infraestructuras, la innovación o aceptar que siga aumentado la desigualdad.