El Gobierno se propone reducir la deuda al 90% del PIB en 2031
Envía este martes un plan de ajuste a siete años que pretende dejar el déficit en el 0,8%
La deuda pública supera ya la meta del Gobierno para todo el año
El Gobierno enviará este martes a Bruselas un plan de ajuste a siete años que permitirá bajar el déficit al 0,8% del PIB en 2031 y la deuda, al 90,6% del PIB en esa fecha y que va acompañado del compromiso de acometer una serie de reformas e inversiones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado este martes en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros el plan fiscal estructural de medio plazo que se remitirá a la Comisión Europea, un plan a cuatro años (2025-2028) que recoge una senda de ajuste a siete años, ya que compromete reformas e inversiones adicionales.
Cuerpo ha recordado que el elemento clave de las nuevas reglas es el gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos) y que quedará limitado a un aumento al 3,7% en 2025, el 3,5% en 2026, el 3,2% en 2027, el 3% en 2028, el 3% en 2029, el 2,5% en 2030 y el 2,4% en 2031.
El ministro ha señalado que este aumento equivale a un incremento del gasto computable del 3,4% en el periodo 2025-2028 y del 3% en el periodo 2025-2031, es decir, que permitirá gastar cada año 6.000 millones adicionales al promedio 2014-2018.
Esta limitación del gasto reducirá el déficit público de manera "progresiva", desde el 3% del PIB previsto para este año al 2,5 en 2025, 2,1% en 2026, 1,8% en 2027, 1,6% en 2028, 1,5% en 2029, 1,2% en 2030 y 0,8% en 2031.
Por lo que respecta a la deuda pública, bajará al 102,5% del PIB este año al 98,4% en 2027 y el 90,6% al final del periodo de ajuste, en 2031, lo que la situará en una senda descendente que la reducirá al 76,8% del PIB en 2041.
Aunque el plan es a cuatro años -habrá que presentar otro nuevo para 2029-, el periodo de ajuste se plantea a siete años para que sea más suave, ha explicado Cuerpo, una posibilidad permitida por la Comisión Europea siempre que vaya acompañado de un programa de reformas e inversiones.
Entre estas reformas figuran temas "de total prioridad" como la vivienda, la inmigración o el clima de negocios, que Cuerpo no ha detallado, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones, ya implementada.
Cuerpo ha hecho alusión también a otras reformas, como la fiscal, "que tendrá lugar en el marco del quinto desembolso" de fondos europeos.
El ministro ha insistido en que estos compromisos de ajuste son compatibles con la senda de estabilidad planteada por el Gobierno y ha confiado en lograr un acuerdo parlamentario respecto al reparto entre subsectores del déficit del 2,5 % del PIB permitido para 2025.
Impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas
Entre los compromisos remitidos a Bruselas está el mantenimiento "de manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas, lo que pasa por convertirlos en impuestos.
Cuerpo ha señalado plan fiscal estructural que se remitirá este martes a Bruselas "evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los tributos" sobre las eléctricas y el sector financiero, aprobados inicialmente para dos ejercicios y, posteriormente, ampliados a uno más.
La permanencia de estos dos gravámenes -que han recaudado 2.859 millones este año- ya fue pactada con Sumar como parte del acuerdo de investidura e implica convertirlos en impuestos a través de una ley, un proceso que aún no ha comenzado, por lo que es difícil que pueda concluirse antes de final de año.
Así, para evitar que los gravámenes temporales decaigan a final de año, el Gobierno podría optar por prorrogarlos hasta que se aprueben las eventuales leyes que los conviertan en impuestos.
Con respecto al resto de medidas de la reforma fiscal comprometida, Cuerpo se ha limitado a apuntar que se están "aterrizando" con la Comisión Europea, ya que también formaba parte de las reformas previstas en el Plan de Recuperación.
Aunque no ha dado detalles, el ministro sí ha apuntado que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja "margen" para "realizar medidas de reforma en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento" económico.
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