El Estado deberá indemnizar a Repsol Butano con otros 109,5 millones en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdidas. En tres sentencias, una de la Audiencia Nacional y dos del Tribunal Supremo, la Justicia reconoce la indemnización por este importes para la compañía.

En concreto, la Audiencia Nacional declara el derecho de la petrolera a ser indemnizada con 79,9 millones, "más los intereses legales desde diciembre de 2010", por la fijación de un precio insuficiente para cubrir los costes reales correspondientes al cuarto trimestre de 2009 y el año 2010.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación por el Estado, aunque el caso es muy parecido a una anterior de Disa que finalmente el Estado no recurrió. Asimismo, el Supremo ha fallado a favor de Repsol en dos nuevas sentencias, desestimando los recursos de casación interpuestos por la Administración del Estado, que reconocen una indemnización para la empresa por 29,6 millones.

En concreto, el Supremo deviene en firmes los importes reconocidos por la Audiencia Nacional a favor de Repsol Butano por los precios correspondientes al segundo trimestre (13,2 millones) y al tercer trimestre (16,4 millones) de 2012, más los intereses legales.

Esta lluvia de sentencias sigue la línea de las conocidas la pasada semana, por las que el Supremo condenaba al Estado a pagar otros 42 millones a Repsol Butano en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdidas.

El tribunal ratificaba así que las resoluciones administrativas en las que se fijó el precio de la bombona de butano para el primer y segundo trimestre de 2011 no se ajustaban a derecho.