En la conferencia que impartió los días pasados en la Fundación Rafael del Pino el profesor James Robinson, coautor junto a Daron Acemoglu de la obra Por qué fracasan los Países, y de la que se ha hecho eco el profesor Gumersindo Ruiz también en este diario, puso como ejemplo de enorme contraste el origen de las fortunas de Bill Gates y de Carlos Slim, dos de las personas más ricas del mundo. Contraste que pone de manifiesto la aportación a la prosperidad y a la riqueza para toda la sociedad del primero y al empobrecimiento colectivo del segundo.

Gates desarrolló un sistema operativo que ha contribuido extraordinariamente al crecimiento de la productividad. Intentó, por supuesto -todos quieren hacerlo-, conseguir una posición de monopolio, pero no lo consiguió, porque el regulador del gobierno se lo impidió. Como contraste a esta situación, el monopolio de Slim sobre las telecomunicaciones en México les ha costado a los ciudadanos mexicanos casi un 2% de pérdida de PIB (Producto Interior Bruto) cada año durante la década pasada.

Peor aún, lo que el profesor Robinson no contó fue la manera como Slim consiguió apropiarse del antiguo monopolio estatal de telecomunicaciones. El Gobierno mexicano organizó el proceso de privatización, al que se presentaron varias compañías. Slim no ganó, quedó en segundo lugar. Inmediatamente después, consiguió que el Gobierno volviera a convocar el concurso -basándose en supuestos defectos de forma- y esta vez sí ganó. Pero además no pagó el precio que había ofrecido por la empresa inmediatamente. Consiguió que el ejecutivo aceptara el pago en varios años. Es decir, que los propios dividendos de la empresa pagaron la privatización. Utilizando sobornos de manera adecuada, usted también podría haberse apropiado de la empresa.

Los ejemplos de Gates y de Slim sirven para ejemplificar las enormes diferencias que separan a las instituciones inclusivas de las extractivas. Las primeras permiten que todos los ciudadanos puedan participar en el proceso económico en unas condiciones no excluyentes. Si detrás de instituciones económicas inclusivas existen instituciones políticas del mismo tipo se cumplirán las leyes, se evitarán privilegios y la formación de monopolios y, en general, se estimulará la obtención de rentas de manera competitiva. Ese proceso competitivo genera nuevos productos y servicios y nuevas tecnologías, que incrementan la productividad de los factores y representan los fundamentos del crecimiento a largo plazo de los países.

El profesor Robinson se tomó la molestia de informarse sobre algunos aspectos de la evolución de la economía española. Desde la ausencia de cambio institucional durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, hasta la más reciente etapa democrática en la que las instituciones carecen de transparencia y de rendición de cuentas.

Esta falta de inclusividad de las instituciones -ponía como ejemplo la maraña de intereses extractivos entre política, promoción inmobiliaria y cajas de ahorro- es la que, en buena medida, explica el negativo crecimiento de la productividad de la economía española durante las últimas tres décadas. Nuestros problemas fundamentales no provienen de Alemania; se encuentran dentro de nosotros mismos.