Más capital y menos política. Ésta es la esencia del pacto alcanzado el pasado miércoles entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para acelerar la reestructuración de las cajas de ahorros y despolitizar sus órganos de gobierno. A falta de que se concrete la letra en las próximas semanas, la melodía del acuerdo suena bien para un sector cuya integración sigue encasquillada por obstáculos regionalistas e incluso localistas. Y que sólo tiene hasta el 30 de junio para acogerse al paraguas de los 9.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El pacto se orienta en dos líneas. Por un lado, culminar la reestructuración del sistema financiero antes de que expire la autorización de Bruselas al FROB. Y por otro, aprobar antes de tres meses una reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca). El objetivo es profesionalizar su gestión y dotar a las cuotas participativas de derechos políticos con el fin de facilitar el acceso a los mercados de capital para su financiación. Éste es otro elemento polémico, sobre todo para las entidades más pequeñas. Éstas temen que la emisión de las cuotas participativas, semejantes a las acciones, sean un primer paso para la bancarización de las cajas.

En la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) se "valora favorablemente los acuerdos". Para el presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro (FACA), Braulio Medel, el pacto recoge las peticiones del sector en cuanto a "facilitar el acceso a nuevas vías de capitalización, mantener la naturaleza de las cajas de ahorro y facilitar el proceso de reordenación del sistema financiero en general, y de las cajas en particular". Medel resalta también que "se acorta el calendario" para la reforma de la normativa, e insiste en que "un pacto de estado es clave para el futuro de las cajas".

Desde Cajasol, la única entidad que ha culminado una fusión plena con una caja de otra comunidad, se considera "prioritaria" la reestructuración del sector. "Estoy convencido de que los cambios que se produzcan en la Lorca no pondrán en cuestión el modelo actual de cajas", indica su presidente, Antonio Pulido. Para soslayar ese riesgo, su homólogo de Caja Badajoz, Francisco García Peña, aboga por limitar la entrada del capital privado.

Las comunidades autónomas, que ejercen las competencias en materia de cajas, también tienen mucho que decir. La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, cree que la reforma de la ley de cajas "acelera y bendice" las fusiones. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, también está satisfecha con el acuerdo, sobre todo "cuando la oposición arrima el hombro para salir de la crisis". En cambio, el presidente de la Generalitat, José Montilla, salió ayer a la palestra para defender que el modelo catalán de cajas de ahorro es "profesional y no politizado". En su opinión, lo esencial es que se "salvaguarde la naturaleza de las cajas", del modelo catalán, y las "competencias" de la Generalitat.

Las palabras de Montilla muestran los escollos que están encontrando las fusiones entre cajas de distintas comunidades, que son a priori las más lógicas en términos financieros por el menor solapamiento de sus negocios. Cataluña es un buen ejemplo de la injerencia regional, ya que sólo se han auspiciado dos operaciones entre las propias cajas catalanas, sin que todavía hayan llegado a buen puerto.

Salvo la fusión entre Cajasol y Caja Guadalajara, el resto de integraciones interregionales sigue sin concretarse, empezando por la absorción de CCM por parte de Cajastur, ya que aún ni se ha convocado la asamblea de la caja manchega que debe ratificar la operación. Tampoco Banca Cívica ha echado a andar, pese a que Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos han anunciado ya su compromiso mediante la constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusión fría. Ésta es la figura que adoptarían Cajagranada, Caja Cantabria, Cajastur, Caja Murcia, Caixa Baleares y Caja Extremadura si fragua finalmente su proyecto de integración.

Las únicas operaciones que avanzan son las que no superan las fronteras de una región. La última que se desencasquilló fue el acuerdo entre Caixanova y Caixa Galicia, que se alcanzó el pasado miércoles pocas horas después del pacto entre Rajoy y Zapatero.