El precio de la energía sigue siendo uno de los principales componentes de una inflación desbocada que no da tregua de momento. El suministro eléctrico costará este lunes 25 de abril un 54% más caro que ayer domingo, día en el que había subido un 70% respecto al sábado. El precio medio del megavatio por hora (MWh) para hoy superará los 226 euros y en la hora más cara superará los 275 euros, entre las ocho de la tarde y las nueve de la noche.

Con el Índice de Precios al Consumo (IPC) rozando el 10% en marzo, la necesidad de abaratar la luz es urgente, porque tiene un efecto directo en los costes de todas las actividades y puede provocar que el problema de los precios de la energía se traslade al conjunto de los costes y, como efecto inmediato, de los salarios.

El Gobierno es consciente de que necesita bajar el precio de la energía, singularmente el de la eléctrica, que está condicionada por el del gas, que si ya era alto, se desbocó tras el inicio, hace dos meses, de la guerra en Ucrania.

Exclusión del gas

La apuesta del Gobierno español ha sido sacar al gas del sistema de fijación de precios de la electricidad, o al menos, toparlo el que se usa para generar electricidad para lograr que la luz baje. Para lograr esa apuesta, en principio acertada, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realizó hace algo más de un mes una gira por distintos países de la Unión Europea (UE) para buscar apoyo a sus tesis de cambiar el sistema de fijación de precios. Cosechó muchas buenas intenciones pero a la hora de la verdad, en el Consejo Europeo del que hoy se cumple un mes, distintos países se negaron al cambio del sistema, liderados por Alemania y Países Bajos.

El fracaso en el objetivo inicial quedó eclipsado, empero, por la autorización del Consejo a aplicar lo que se ha denominado la excepción ibérica. Esto es, que como España y Portugal pueden llegar a considerarse una isla energética en la UE y que en ese mercado ibérico sí se permita topar el coste del gas natural que se usa para generar electricidad. Tanto el presidente español como el primer ministro portugués, Antonio Costa, vendieron ese 25 de marzo el acuerdo como una gran victoria.

Han pasado 31 días desde entonces y la excepción ibérica sigue sin aplicarse. Incluso podría ocurrir que finalmente la CE no lo autorice. ¿Por qué? Porque aunque fuese completamente cierto que el mercado de la generación eléctrica en España y Portugal estuviese aislado –que no es así porque se exporta a Francia, lo que ha llevado a proponer que haya dos precios, uno para el mercado interno y otro para la exportación–, tener un precio sustancialmente más bajo rompería también el mercado, que es uno de los principios insoslayables de la UE. El argumento en contra es que no se puede dar una sustancial ventaja al producir cualquier bien en España, porque los costes energéticos sean mucho más baratos, que para quien lo haga en Baviera, y que se haga mediante una medida excepcional y que rompe la norma que rige en toda la Unión.

Mientras se confirma si realmente llega a aplicarse la excepción ibérica y en qué términos se hace en caso de ejecutarse, hay que preguntarse si se puede hacer algo más para bajar el coste de la electricidad sin alterar el sistema europeo de fijación de precios.

La respuesta es que sí. Podría llegar a producirse energía eléctrica en España mucho más barata sin alterar las normas comunes, con lo que no podría aducirse ruptura del mercado.

Acelerón en renovables

¿Cómo? Produciendo lo antes posible mucha más energía de origen renovable, de manera que el gas quede fuera del pool, pero no por decisiones políticas sino por las propias reglas del mercado.

El pasado 8 de abril, Viernes de Dolores, vivimos un ejemplo palmario de que esto es posible. Ese día el precio medio fue de 154 euros/MWh, pero en las horas con el coste más bajo, entre las 15:00 y las 17:00, el precio fue de siete euros. Sí, siete euros, no es una errata.

¿Por qué esa enorme diferencia? Sencillamente porque en ese día y esas horas hubo tanto y sol y viento que permitió que toda la energía demanda por el pool fuese solar y eólica. Esto demuestra que el uso de las renovables como fuente de la generación eléctrica no sólo es una obligación para atajar el problema del calentamiento global, sino que permite que el coste de la energía sea mucho más bajo.

Esto nos indica que la aceleración de las inversiones en la generación renovable es la solución correcta y permanente para atajar el problema energético. Y daría, además, una ventaja competitiva a regiones como Andalucía, con gran recurso solar y eólico. De hecho la comunidad debe jugar un papel esencial en la transición energética de España, cuya Estrategia Energética 2030 incluye entre sus objetivos la meta de que el 75% de su mix energético al final de la década corresponda a fuentes renovables. Y eso tendría repercusiones en el empleo, dato que el objetivo de la misma es incrementar un 15% el empleo directo asociado a la transición energética.

Esta estrategia de aceleración de la transición energética cobra aún más sentido en el contexto de una guerra de Ucrania que muestra signos de cronificarse. Ya le pasó a Rusia en Afganistán. Tan es así, que el principal fondo de inversión mundial, BlackRock, ya lo señaló como uno de los principales efectos que producirá la criminal invasión ordenada por Vladimir Putin.

Cuello de botella administrativo

Sin embargo, la realidad en Andalucía, y también en otras comunidades autónomas de España, es que hay un cuello de botella que está retrasando la entrada en servicio de estas inversiones renovables, incluso de las ejecutadas. Un parque eólico o un planta solar, puede llegar a estar entre cuatro y cinco meses sin permiso para generar por falta de autorizaciones administrativas, según fuentes del sector.

La razón de esas demoras radica en los largos procesos administrativos y la falta de recursos humanos y técnicos para tramitar el elevado número de proyectos existentes, lo que está ralentizando la puesta en marcha de nuevas plantas renovables, que cuando entren en servicio permitirían reducir el precio del mercado eléctrico y dotar a España de más energía limpia y autóctona, sin el coste de importar gas o petróleo.

El proceso actual para lograr la autorización final de explotación de una planta renovable y su conexión a la subestación correspondiente provoca un retraso medio de cinco meses desde que la compañía promotora termina la obra hasta que puede empezar a producir energía y verterla a la red. Así, una planta renovable que terminase su construcción el próximo mes de mayo, no comenzaría a aportar energía renovable al sistema hasta el mes de octubre. Si además, la planta es fotovoltaica, se perdería los meses de mayor recurso solar del año.

Ante la escalada de precios de la energía, las administraciones tienen la posibilidad de hacer algo más para que esa producción renovable entre en servicio cuando antes. Cuanta más generación renovable haya, más bajo será el precio de la luz.

Medidas extraordinarias

Para ello, sería necesario que los gobiernos de Andalucía y España aplicasen algunas medidas extraordinarias. Una de ellas bien pudiera ser que se emitiese una autorización de explotación de estas plantas renovables para pruebas. Una autorización de este tipo podría otorgarla la Junta de Andalucía, creando una forma más rápida de poner en carga estas inversiones que tener que esperar a que se obtenga la autorización definitiva. Esa autorización en pruebas debería, además, permitir continuar con el proceso con Red Eléctrica de España (REE) hasta conseguir la Aprobación de Puesta en Tensión y en Servicio para pruebas (APESp). Esta alternativa permitiría energizar la planta y comenzar a inyectar energía, mientras se formaliza en paralelo el trámite definitivo de las mismas.

Alternativamente, también se podría acortar los tiempos que emplea la Administración autonómica para emitir las Autorizaciones Administrativas de Explotación (AAE), acelerando los procedimientos de Notificación Operacional de Energización (EON) y de Notificación Operacional Provisional (ION), dependientes de REE, así como del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica (RAIPRE) o equivalentes. En todas ellas tiene competencia la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y su Dirección General de Energía.

Otra medida al alcance que puede acelerar la puesta en producción de nuevas plantas y que ello contribuya a bajar el coste de la electricidad es que en los casos en los que la instalación de enlace tenga un desfase de construcción respecto al de las plantas, que se permita desligar la tramitación de la AAE de ambas de forma independiente e individual. Y es que, ahora mismo, el procedimiento hace que el no haber recibido la AAE definitiva de la subestación, gestión dependiente de la Consejería de Hacienda, impide obtener la AAE definitiva de las plantas, también dependiente del mismo organismo. Esto genera un retraso en los procedimientos que quedaría solventado si se desligasen esos procesos administrativos, lo que permitiría avanzar con el proceso hacia el APESp de las plantas sin tener que esperar a culminar la legalización de la instalación de enlace obteniendo el EON, que sin el cual igualmente no podría inyectarse energía físicamente al no permitir energizar la instalación de enlace, pero ahorraría tiempo en el proceso de legalización de las plantas, que es más largo que los de las conexiones a la red.