El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este jueves a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PSOE el pasado 24 de junio contra el real decreto-ley de protección de los titulares minoristas de preferentes y el decreto del Gobierno que endurece las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipada y parcial. En una providencia notificada, el alto tribunal da traslado del mismo al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el procedimiento en un plazo de quince días y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Según el recurso de los socialistas s, el real decreto ley, que creaba la comisión por la que se fijaron los criterios para acceder a los arbitrajes, no ha solucionado la situación de los preferentistas y su aprobación no respondía al requisito constitucional de "extraordinaria y urgente necesidad". El documento subraya que la doctrina del tribunal establecía que "no concurrirá el presupuesto habilitante para la elaboración de un decreto-ley si éste no contiene disposiciones que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente".

El PSOE considera que antes de la aplicación de la norma "existía un evidente problema social" relacionado con la comercialización de preferentes, dado que muchos de los tenedores "no habían podido recuperar el capital invertido ni habían recibido compensación alguna", situación que no ha cambiado después. "Ninguno de los mecanismos arbitrados para solucionarla ha resultado eficaz", insiste el escrito, firmado por más de cincuenta diputados socialistas. Asimismo, critican el "continuo recurso al decreto-ley" por parte del Gobierno, que ha dictado 36 en esta legislatura, un número "exorbitante" que demuestra la utilización "claramente abusiva" de un procedimiento que la propia Constitución contempla como extraordinario.

En cuanto a las prejubilaciones, el PSOE presentó el pasado 13 de junio este recurso contra el Real Decreto de 15 de marzo "De medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". En él se establece que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo. Asimismo, desincentiva la jubilación parcial y traspasa a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años. El recurso alega que el Gobierno no sólo ha vulnerado el Pacto de Toledo, sino que pretende de forma errónea regular por decreto ley derechos, deberes y libertades contenidos en el título I de la Constitución Española (principios rectores de la política social y económica).

También argumenta que a través de esa norma se ha reformado sin motivo ni necesidad urgente, unilateralmente y sin consenso, la Seguridad Social y se ha cambiado una ley de 2011 del PSOE que se aprobó en el marco del Pacto de Toledo y que establecía el aumento progresivo de la edad de jubilación a 67 años. Otros motivos aducidos en el recurso se refieren a que modifica la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, además de cambiar el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad.