El primer cuatrimestre de 2009 fue uno de los periodos más negros en materia laboral de la historia reciente de Andalucía. A pesar de que la contratación temporal es la que está sufriendo el grueso del ajuste, la crisis también se deja sentir con crudeza en el empleo indefinido. El número de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se multiplicó por 10 entre enero y abril en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Un total de 11.166 asalariados andaluces sufrieron una regulación de empleo, una cifra que rebasa las cotas alcanzadas al cierre de los diez ejercicios anteriores, a pesar de que sólo han transcurrido cuatro meses del año. Además, 469 expedientes de regulación fueron autorizados en Andalucía en el primer cuatrimestre, triplicando la cota alcanzada en el mismo intervalo de 2008.

Los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio evidencian la severidad del ajuste que está sufriendo el tejido económico andaluz, aunque las empresas están optando mayoritariamente por expedientes temporales frente a medidas más traumáticas como la extinción de los contratos. El número de trabajadores con suspensión de empleo se multiplicó por 18 en Andalucía durante el primer cuatrimestre, suponiendo el 80% de los afectados por una regulación de empleo. A estos trabajadores se agregan otros 344 trabajadores a los que se les aplicó una reducción de jornada.

Durante el periodo de suspensión, los trabajadores perciben el 70% de sus salarios a cargo del Inem, aunque algunas empresas aprueban el pago de complementos sobre este límite. Una vez que finaliza la vigencia del expediente, los empleados vuelven a sus puestos de trabajo. La vía de la suspensión de empleo da un pequeño respiro a las empresas con la esperanza de que la situación económica se normalice, aunque corren el riesgo de tener que prorrogar la suspensión de empleo o solicitar un expediente de extinción si la coyuntura no mejora.

La evolución de los trabajadores afectados por un despido colectivo también corre al alza aunque no es tan significativa como la de los afectados por un ERE suspensivo. Entre enero y abril se triplicó el número de puestos de trabajo extinguidos, pasando de los 661 registrados en el primer cuatrimestre de 2008 a los 1.805 del mismo periodo de 2009.

Una de las claves que pueden explicar esta situación radica en la tramitación administrativa de un ERE. La Administración competente -en Andalucía es la Junta si más del 85% de la plantilla está radicada en la comunidad- es renuente a aprobar un despido colectivo por el coste social y político que supone. Además, los expedientes de extinción suponen un desgaste añadido para las empresas por la conflictividad laboral que generan. En la mayoría de ocasiones, acaban pactando con los trabajadores una indemnización superior al mínimo de 20 días por año trabajado estipulado por ley en un ERE de extinción.

Los datos del cómputo español son algo peores que en el estrato andaluz. El número de afectados se multiplicó casi por 15, mientras que los expedientes autorizados fueron casi seis veces superiores a los del primer cuatrimestre de 2008. Un total de 227.571 trabajadores sufrieron un ERE, frente a los 15.642 registrados en el mismo periodo de 2008.

El sector industrial, que incluye a la automoción, acaparó el 80% de los expedientes, multiplicándose por 20 la cifra de trabajadores que sufrieron una regulación de empleo. La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, multiplicando por 51 las registradas entre enero y abril de 2008.

El número de despidos colectivos sigue siendo bajo dentro del cómputo total de la regulación de empleo, aunque se duplicó en comparación con el primer cuatrimestre de 2008 , con 1.621 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 24.318 trabajadores en España, un 124% más que en el periodo anterior.