El plan de viabilidad puesto en marcha por la cadena nacional de venta de electrodomésticos Urende, con sede en Córdoba y perteneciente al grupo Sánchez Ramade, que tiene 110 empleados y tiendas abiertas en la capital cordobesa, Granada, Jaén y Ciudad Real, prevé que la empresa logre unos beneficios de siete millones de euros hasta 2014.

Así se recoge en el auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que dictó el titular de dicho juzgado, el magistrado Fernando Caballero, y mediante el que se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) que implicó el cierre de 18 tiendas en España y el despido de 592 trabajadores, en el marco del citado plan de viabilidad, acordado entre sindicatos y empresa, la cual se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores.

El hecho es que el plan "contempla, en el mejor de los escenarios posibles, que durante los ejercicios 2012 a 2014 podrían obtenerse como consecuencia de las medidas de extinción de los contratos de trabajo, unos beneficios de unos siete millones de euros", aunque la empresa arrastra una deuda de más de 230 millones de euros a 1.200 acreedores.

Para Caballero, resulta más que evidente, y así lo refleja en su auto, "que difícilmente pueda conseguirse la continuidad de la actividad empresarial con estos datos", por lo que se podría haber desestimado la aplicación del ERE y que se procediese a la liquidación de la empresa. Sin embargo, el juez lo aprobó, dado que "nos encontramos ante un acuerdo celebrado entre los representantes de los trabajadores, la administración concursal y la propia concursada".

En segundo lugar, el magistrado tuvo en cuenta "la decisión más favorable para los trabajadores" despedidos, que ahora pueden cobrar las indemnizaciones "a través del Fogasa y solicitar la prestación de desempleo de forma inmediata".

La otra opción, la desestimación del ERE, que finalmente no adoptó el juzgado, habría supuesto "el mantenimiento de los puestos de trabajo, generando unas cargas laborales que tendrían el carácter de créditos contra la masa, lo que provocaría el estrangulamiento económico de la sociedad y la abocaría a una inevitable fase de liquidación. Ello supondría el consiguiente perjuicio para trabajadores, concursada y acreedores, teniendo que esperar los trabajadores a los diferentes trámites procesales para cobrar las nóminas".