Ciudadanos por San Fernando, ha mantenido un encuentro con la asociación de vecinos Triángulo del Mar, en el que ha podido conocer de primera mano los pormenores de esa zona, desconocida para la mayor parte de la ciudad. A pesar de su poca antigüedad, los vecinos se lamentan de la precariedad de las instalaciones del alcantarillado de la zona, al estar conectadas las tuberías de evacuación con las de aguas pluviales. Eso provoca, advierte la formación, que exista un peligro real de inundación en varios puntos de la barriada. Ciudadanos va a priorizar este problema endémico de la Isla, apuntan, "destinando el ahorro en gasto público a finalidades como éstas, que se traducen en una adecuada atención a los ciudadanos".

Los residentes de esta parte de la ciudad se quejan de la falta de colaboración del Ayuntamiento en la solución de los conflictos que genera el colegio Juan Sebastián de Elcano, tanto en lo que afecta a circulación de vehículos, como a la existencia de conexiones de alcantarillado, luz y teléfono dentro del perímetro del centro, "algo inexplicable, por haberse desplazado su demarcación sobre una zona de la barriada que no estaba previsto para ello", critican. En el patio del colegio, explica, ha quedado incluida la acera y las farolas de alumbrado público de una calle. Una de las viviendas haya quedado bloqueada por el patio. Ciudadanos se ha comprometido a aclarar esta situación y a buscar la razón que ha justificado ese desplazamiento en la ubicación del centro educativo, que tampoco se explica desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Desde la entidad vecinos se demanda, comenta Ciudadanos, la comparecencia de la Policía Local en las horas de entrada y salida del colegio, algo que ahora solo ocurre con los horarios de entrada.

Otra de las quejas de los vecinos es que deben sufragar anualmente campañas de prevención de plagas de cucarachas. Sin embargo, la formación considera que es posible "invertir en el bienestar de la población", en este sentido.

Ciudadanos resalta que el importe del impuesto municipal sobre el valor de los bienes inmuebles, IBI, resulta "desproporcionado" en relación con la media del término municipal, por la excesiva presión fiscal que tiene aprobada el Ayuntamiento desde hace años.