Cómo, cuándo y, sobre todo cuánto, son las preguntas que se hacen los propietarios de unas 15.000 viviendas de las Áreas de Gestión Básica (AGB) incluidas en el proceso de regularización de viviendas de Chiclana. El PSOE ya ha puesto en marcha esta iniciativa con la instalación de Sistemas Generales (alcantarillado y agua potable) en la Rana Verde, donde los que los vecinos tienen la opción de conectarse una vez que desembolsen la cantidad prevista en las Ordenanzas. Las diez formaciones políticas que se presentan a las elecciones municipales coinciden en que hay que pagar. El problema radica en los costes que afrontaría cada vecino y si las administraciones públicas deberían sufragar parte de los gastos. En cualquier caso, el próximo gobierno municipal se verá sometido a dar un empujón decisivo a este conflicto que arrastra años de discusiones entre vecinos y Ayuntamiento.

Así, el PSOE recuerda que el Consistorio ha emprendido mediante la regularización de este tipo de viviendas “un proceso inédito en Andalucía, donde se trata de un problema muy extendido, tanto es así que son muchas las ciudades que se han interesado por cómo se está haciendo en nuestra ciudad”. Apunta que el Ayuntamiento ha partido de varios principios. “El primero, que el coste fuese asumido por los propietarios, y el segundo, que este fuese lo más bajo posible. En modo alguno se puede hablar de un precio único, porque las circunstancias son muchas, dependiendo de dónde estén situadas las casas, del tamaño de la parcela, de los servicios con que quiera pasar a contar, etcétera. ¿Cuánto va a pagar cada propietario? Lo que cueste, ni un euro más”. Agrega que el actual equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo con Sevillana-Endesa y Junta de Andalucía para los sistemas generales, “como ya hemos visto en la Rana Verde, y cesión de un 10% de aprovechamiento público para financiar el desarrollo del suelo”. Añade que el acuerdo firmado con la Plataforma “deja claro que es una buena solución para los vecinos y para la ciudad, y evidencia que el diálogo ha sido la mejor solución para este asunto, tal y como planteó el Ayuntamiento”.

Por su lado, el PP manifiesta que los propietarios de estas viviendas “llevan pagando durante mucho tiempo impuestos como el IBI que no han revertido nunca en mejoras en las zonas de las AGB. Por tanto, la administración tiene ahora la obligación de contribuir de alguna forma para solucionar este problema social, provocado por la nefasta gestión en materia urbanística del PSOE”.

IU, asimismo, opina que no se puede permitir “un agravio comparativo con el resto de ciudadanos y ciudadanas que tienen su vivienda en zona urbana, esto quiere decir que los propietarios de viviendas en zona sin regularizar deben asumir los costes que supone legalizar su vivienda. Ahora bien, los servicios generales deben contar con una buena inversión de la Junta de Andalucía porque este tipo de costes no debe ser asumido íntegramente por los propietarios. Eso no sería justo”.

PA+PSA  aboga por una regularización social, “donde planteamos la reducción máxima que se pueda obtener para beneficio de los afectados, si eso incluye las ayudas de organismos oficiales como Ayuntamiento, Junta de Andalucía, estaremos totalmente de acuerdo, además entendemos que las familias afectadas dentro de la regularización con ingresos bajos, deberían de ser los que realmente se le deba de ayudar, con aplazamientos de pagos, como con cuotas adaptadas a cada situación económica, donde esa gestión la realice Chiclana Natural, y la valoración Servicios Sociales”.

En cuanto al PVRE (Partido Vecinal Regionalista), la regularización de cada vivienda tendría un coste de urbanización de 8.900 euros más la compensación de aprovechamientos que costaría 3.894 euros. En total, cada propietario aportaría 12.794 euros para legalizar su casa. Por otro lado, Unidos por Chiclana exige que la Junta afronte el pago del 50% del proceso de regularización, “algo que demandaron también miles de ciudadanos con sus alegaciones a las Ordenanzas donde pedían que la Junta de Andalucía asumiera dicho compromiso”.

Por su lado, UPyD considera urgente acometer la regularización y urbanización de las denominadas Áreas de Gestión Básica, “como medida necesaria para la solución de los graves problemas de salubridad, medioambientales, urbanísticos y económicos”. Además, opina que los Sistemas Generales  deben ser financiados íntegramente por las Administraciones Públicas. y que la urbanización de cada una de las AGB “tiene que ser a cargo únicamente de los vecinos afectados”.

El candidato del DIPA, José Luis Velázquez, mantiene que “como propietario de una vivienda sin regularizar creo que tengo que asumir íntegramente los costes sin ayuda de otras administraciones”,  pero matiza que no deberían ser los pagos aprobados en la actual Ordenanza. Por contra, AUNA dice que los propietarios no deben asumir todos los costes y propone que  las administraciones se hagan cargo del 50% de los mismos, “correspondiendo al Ayuntamiento el 25%, y a la Junta de Andalucía el 25% restante”. Por último PAUTIE, comparte también que los gastos deben ser compartidos entre vecinos y administraciones.