ESTÁ a punto de convertirse en uno de los clásicos de las campaña electorales: la instrucción judicial de los casos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que involucra a la Junta en la concesión fraudulenta de ayudas a prejubilados. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió ayer por la mañana para censurar unas declaraciones que Alfonso Guerra había realizado el pasado martes por la mañana en Sevilla, y en las que estableció "una fuerte relación" entre la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP. El órgano de los jueces emitió un comunicado, sin que la magistrada sevillana solicitase el amparo, y en cuyo contenido se destaca que "el rechazo a tales discrepancias [las de Alfonso Guerra con Alaya] es mayor en cuanto contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer de la aludida". En una campaña electoral en la que crisis de la Eurozona ha sepultado el debate político nacional, el caso de los ERE se volvió a llevar, como ya ocurriese en las elecciones municipales, el protagonismo de uno de los días de la contienda; al menos, en Andalucía, donde Manuel Chaves, el presidente José Antonio Griñán y el líder del PP Javier Arenas se cruzaron declaraciones sobre este asunto.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, elogió la "defensa fantástica" del Poder Judicial y suscribió "punto por punto" la declaración.

Alfonso Guerra, ex presidente del Gobierno y cabeza de lista por el PSOE en la provincia de Sevilla, insinuó el martes que el "calendario" -la "cronología" de la instrucción- del caso de los ERE estaba relacionado con la "la fuerte relación" entre la juez y el popular Juan Ignacio Zoido. Guerra sustentó esta declaración en que ambos son magistrados sevillanos, y que el hoy alcalde hispalense fue decano de los jueces de la provincia. Zoido, antes de ser alcalde, cuando ocupaba el puesto de líder de la oposición, fue quien presentó la denuncia antes los juzgados sevillanos en unos momentos en los que la investigación ya la llevaba la Fiscalía. Tras esta denuncia, el caso tuvo que pasar, por la propia legislación procesal, del Ministerio Público al juez de turno que, en ese momento, era Mercedes Alaya. El histórico dirigente socialista señaló el martes que ambos habían llevado "algún expediente en común".

El CGPJ aprobó el acuerdo con los votos favorables de su presidente, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar Berenguer, mientras que Almudena Lastra de Inés emitió un voto particular en contra del que el órgano de los jueces se pronunciase sobre unas declaraciones de un candidato a las elecciones generales durante la campaña electoral. El comunicado del Poder Judicial sostiene que "la crítica de tales resoluciones no sólo es admisible, sino natural, en un Estado de Derecho, pero nunca pueden trascender del comentario crítico jurídico y por lo tanto, no resultan de recibo las referencias que invaden la esfera personal mediante descalificaciones, veladas o explícitas, que atentan contra el respeto que merecen la dignidad personal constitucionalmente garantizada".

La afirmaciones de Guerra surgieron después de que la juez instructora hubiera citado para el próximo jueves, dos días antes de la jornada de reflexión, a 13 imputados del caso de los ERE para imponerles una fianza. Se trata, según el auto de la magistrada, de las "personas que estarían situadas en el último escalón de la pirámide", por lo que lamentó no haber podido exigir aún ese cumplimiento a los cargos públicos que hubieran "propiciado con su actuación, manifiestamente desleal e ilícita, este uso corrupto de los fondos públicos".

Ocurrió algo similar en las elecciones municipales. El jueves antes al 22 de mayo, día de los comicios locales, la juez informó a las partes de la citación al candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, para tomarle declaración como imputado el día 8 de junio en relación con el caso Mercasevilla, el germen posterior asunto de los ERE. Fuentes socialistas ya habían expresado antes de la campaña que esperaban alguna resolución de la juez durante la contienda electoral. La resolución del CGPJ motivó declaraciones del ex presidente Manuel Chaves y del líder del PP andaluz, Javier Arenas. "Yo no he oído que el señor Guerra -afirmó Chaves desde Algeciras- haya hablado en ningún momento de connivencia, por lo tanto no sé qué datos tendrá, pero lo que puedo ver en estos momentos son datos objetivos". "Estos son datos objetivos -siguió Chaves-, creo que la señora juez, y lo digo sin ninguna mala intención, por supuesto, está tomando estas actuaciones en plena campaña electoral". El líder del PP andaluz, Javier Arenas, acusó a el PSOE de organizar una campaña en contra de la juez, y afirmó que "Griñán, Chaves y yo sabemos quién está en el vértice de la pirámide", en alusión a la expresión utilizada en el auto, donde claramente apunta a cargos públicos superiores. Griñán, por su parte, mantuvo que respetaba las actuaciones judiciales.