-No es una profesión muy conocida la suya, pese a tener ya sus años.

-Se creó en 1925, pero empieza a tener relevancia cuando los sindicatos verticales dan paso a los sindicatos de clase y la figura de los mediadores toma peso en los conflictos laborales.

-¿Le viene de familia?

-No, pero sí que en mi familia adquirí una gran conciencia social. Mi madre fue una maestra represaliada por el franquismo. De hecho, siendo maestra cursillista desde el 36, no pudo ejercer hasta 1978. En ese tiempo se tuvo que ganar la vida como telegrafista. Así que yo iba para perito electrónico, pero se me cruzó esto porque tenía, como le digo, una gran vocación de justicia social.

-Sin embargo, y sé que eso no tiene necesariamente que ver, usted ha sido varias legislaturas senador del PP y concejal en el Ayuntamiento de Cádiz desde hace no sé cuánto.

-El concejal más antiguo de Occidente, bromean algunos. Yo he sido un profesional en la política, no un profesional de la política. En el Senado sólo éramos tres los que no cotizábamos por el Senado, sino por nuestra profesión. Nunca he dejado de ejercerla.

-¿Y ha visto mucha justicia social en las políticas del PP?

-Pues yo le diría que sí. Fíjese que a mí quien más me enseñó en mi oficio fue un preso político que acudía a los exámenes en la Universidad de Granada con los grilletes puestos. Estudió dos carreras en la cárcel y al salir nos hicimos socios. Formamos Flores y Fernández. Sin embargo, a la hora de entrar en política el PP era el partido que me ofrecía la idea más próxima que tenía a esa justicia social.

-Uno, siguiendo estereotipos, asociaría al PP más a la empresa que al trabajador.

-A lo que hay que tender es a que en las negociaciones exista una conjunción de intereses entre trabajadores y empresas, una conjunción que muchas veces no ha existido ni por unos ni por otros: ni por los trabajadores, cuando no se podía apretar; ni por las empresas, cuando las cosas iban mejor. Esa es mi idea, trabajadores y empresa buscando objetivos comunes.

-Usted empezó a trabajar en este ramo con el Fuero de los Trabajadores, la legislación laboral del franquismo.

-Es que soy el decano de los graduados sociales de España. Y mire, es una legislación que, de algún modo, pervive en los convenios colectivos actuales. Hay cláusulas de tiempos de Franco que los sindicatos no quieren perder. Son las que tienen que ver, por ejemplo, con los permisos o las vacaciones. Recuerde que la paga extra de verano nació llamándose la paga del 18 de julio.Naturalmente, y afortunadamente, los convenios de ahora son mucho mejores que las condiciones laborales del franquismo, pero sí que quedan cosas.

-Tengo la impresión de que a ustedes los abogados siempre les miran por encima del hombro.

-Eso era más bien antes. A mí me puso una querella un abogado por llevar toga en un juicio. Fue desestimada, pero esa era la idea que algunos tenían. Ahora los graduados llevamos toga y chorreras y estamos equiparados con un grado universitario. Es una profesión muy especializada que tiene una enorme carga de trabajo. Pongamos toda la jurisprudencia de unos años a esta parte y veremos que tres cuartas partes de la misma está relacionada con legislación laboral, con nuestro campo. Varía todos los días y más en tiempo de crisis. Es una auténtica diarrea legislativa cuando debería ser cambiar lo que no funciona y dejar tranquilo lo que sí funciona.

-Tienen muchos frentes abiertos, pero si tuviera que decantarse por alguno para definir la profesión, ¿cuál sería?

-Somos los médicos de cabecera de las empresas, de las pequeñas empresas. Algo que falla en nuestro ordenamiento es que las grandes empresas tienen la misma regulación que las pymes y las relaciones laborales son diferentes.

-¿En qué?

-Las pymes necesitan una mayor flexibilización en el empleo. Sus relaciones laborales son casi paternales: son pocos, arreglan las cosas entre ellos. Pero para una pyme, un despido por las mismas causas que puede hacerlo una gran empresa es más difícil que divorciarse.

-También para el trabajador. Los pleitos son larguísimos.

-Un despido en Andalucía dura de media más de un año. Los juzgados de lo Social y de lo Mercantil son los que están más saturados, con la agravante de que los jueces no están especializados. Puedes tener un juez que te venga de lo Penal, de modo que hay juzgados en los que las decisiones son una tómbola y llevan a recursos hasta el Supremo, donde tumban muchísimas decisiones en primera instancia por la sencilla razón de que la ha redactado alguien que no sabe. Lo Social y lo Mercantil debe ser una justicia administrada sólo por especialistas.