El juez Eloy Velasco ha sido arropado por sus compañeros, que han defendido su actuación en el caso de la etarra Maite Aranalde, que se fugó después de obtener la libertad bajo fianza de 12.000 euros. Tras estudiar la documentación, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó ayer que su resolución no sobrepasa los límites de la legalidad.

Si bien es cierto que su auto es totalmente contradictorio al posterior de Baltasar Garzón, que dictaba su ingreso en prisión tras el estudio de un recurso de la Fiscalía, ambas decisiones estuvieron motivadas, según la Sala, y por tanto corresponde a criterios legales de cada uno de los magistrados. Así lo explicó tras la celebración de la reunión de la Sala el presidente del órgano judicial, Ángel Juanes, en un encuentro con los medios, quien decidió hablar con los periodistas por la "inquietud social" y el "interés mediático" del asunto.

Juanes salió en defensa de ambos magistrados frente las críticas de la Fiscalía, que acusa a Garzón de resolver el recurso que presentó fuera de los tres días máximos de plazo previstos por ley. Es más, recordó que el recurso no se presentó hasta dos días después del auto de Velasco, cuando la etarra ya había pagado los 12.000 euros de fianza impuesta por el juez.

Tampoco solicitó en el propio recurso ninguna medida urgente para mantener a Aranalde en la cárcel hasta que se resolviera el recurso. "Ha habido una tramitación correcta. En el recurso, se solicitaba la modificación de la medida, no la aplicación de otra urgente", apuntó Juanes. A su juicio, uno de los problemas surgidos ha venido por parte de las limitaciones de las órdenes de detención, que se rigen por el principio de especialidad. Es decir, a la hora de entregar a un preso hay que especificar cada una de las causas que tiene pendientes, lo que puede llevar a errores, como ha sido en este caso.

A Francia, donde la etarra acaba de cumplir una condena por asociación de malhechores, se le traspapeló la documentación de una de las causas, concretamente por la colocación de una serie de artefactos en varias gasolineras de Madrid durante el puente de la Constitución de 2004, y Velasco no pudo tener en cuenta este asunto.

Por eso, Juanes pretende enviar al Gobierno, en el momento que sea oportuno, un escrito para modificar este extremo y poder extraditar a un preso en bloque, sin especificar las causas.

De todas maneras, hay que recordar que esta decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional es una vía paralela a la investigación que pueda llevar en su momento el Consejo General del Poder Judicial. Por ahora, el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia por una presunta negligencia grave por no tener previsto Velasco el riesgo de fuga de la etarra. El escrito se ha remitido al Servicio de Inspección del órgano de los jueces, que debe decidir si abre diligencias previas o si lo archiva.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró por su parte "poco responsable" cuestionar o "poner en duda" la "magnífica" y "espléndida" colaboración de las autoridades francesas en la lucha contra ETA por la fuga de la etarra.

"Si hay algo que mejorar se mejorará, pero eso no puede manchar siquiera mínimamente una colaboración que es magnífica", subrayó ayer Pérez Rubalcaba durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior.