LLEGAN documentos a la Fiscalía General del Estado. Llegan informes, biografías, certificados y datos sobre las personas que están detrás de Sortu, la nueva formación política que tiene su origen en Batasuna como sus fundadores no han tenido reparo alguno en visualizar en su presentación. Fue en el Palacio Eskaldun de Bilbao, con Rufi Etxeberria -que formó parte de ETA- como cabeza más representativa, el abogado habitual de etarras Íñigo Iruin llevando la voz cantante y la plana mayor de la Mesa Nacional de Batasuna entre el público para expresar apoyo público al nuevo partido.

Iruin, inteligente y muy preparado profesional, experto en asuntos constitucionales, había advertido que nadie debía responder preguntas ni dar información sobre Sortu, estaba en riesgo su posible legalización. Etxeberria resistió la tentación ese día, pero al siguiente realizó unas declaraciones a la cadena Ser que ha recopilado la fiscalía porque indican claramente, sin tapujos, que Sortu defiende los mismos planteamientos que la ilegalizada Batasuna, que no condena el terrorismo y que no está dispuesta a desvincularse de ETA.

El camino a recorrer por Sortu persiguiendo su legalización tiene los pasos y los plazos muy definidos. Dos días después de la presentación oficial, sus promotores acudieron al registro de Interior. Les pusieron los sellos correspondientes que acreditaban que se habían presentado los papeles, sin que ello presuponga que Sortu queda inscrito como partido, sino que se abre un plazo de veinte días para tomar una decisión. Si Interior no hace nada en ese plazo, la solicitud "deviene firme" y automáticamente Sortu queda inscrito como partido legal. Por el contrario, si en esos veinte días Interior recopila información sobre el partido y la envía a la Fiscalía General, ésta tendrá otros veinte días para pronunciarse. Nos encontramos por tanto en la primera fase del proceso, pues desde que se presentó la solicitud en el registro, Interior ha empezado a enviar informes a la Fiscalía.

Esa institución -y en algunas ocasiones la Abogacía General del Estado- es la única autorizada para dirigirse al Tribunal Supremo, que es quien debe resolver a través de su Sala Especial del Artículo 61, que es la que "conoce de los procesos de ilegalización de partidos políticos". Fue precisamente esa Sala del artículo 61 la que en el año 2003 dio la razón al Gobierno de entonces cuando inició la tramitación de ilegalización de Batasuna.

Iruin ha medido muy bien el texto que recoge los estatutos de Sortu pero no ha logrado que los miembros de Batasuna se mantengan ajenos a su nacimiento. ¿Cómo es posible que hayan cometido ese error que da argumentos sobrados a quienes no están por la legalización? Pues como explica un experto en cuestiones relacionadas con ETA y Batasuna: "Les pierden dos cosas: la chulería y la necesidad de enviar un mensaje a sus seguidores, que se visualice que siguen en el machito, que son ellos los que tratan de meter un gol al Gobierno".

Independientemente del papel jugado por Batasuna, de las intenciones de ETA, del discurso de Iruin al presentar el nuevo partido -intervención "magistral" según un profesional- y de la carga política de esta polémica que debería ser solo judicial, lo que todo el mundo se pregunta es si Sortu podrá concurrir a las elecciones del 22 de mayo, que aparentemente es el objetivo de sus promotores. Y hay que insistir en lo de "aparentemente" porque en este intento de legalización existe una trastienda. Trastienda política.

Y no en el Gobierno, en el PNV o en la "facción Eguiguren" del PSE, que se han declarado partidarios de la legalización, sino en la propia ETA y en los responsables de Batasuna.

El 18 de abril acaba el plazo para presentación de candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales. El Ministerio del Interior dispone de veinte días para enviar informes a la Fiscalía, que dispone de veinte días más para enviar sus informes al Tribunal Supremo. Ningún abogado que se marque un objetivo deja correr los plazos hasta el punto de dejar sólo tres o cuatro semanas de tiempo al Supremo para dictar sentencia, sobre todo cuando ha dispuesto de tres años para iniciar el procedimiento. Es decir, que podría sospecharse que Batasuna, consciente de que es difícil que un partido afín sea legalizado, podría estar jugando la carta del victimismo. Si la falta de sentencia le impide estar en las elecciones del 22 de mayo, con toda seguridad se sentiría más fuerte ante su "clientela" para acusar al Gobierno de cerrarle las puertas que si hubiera una sentencia negativa con argumentos sólidos que la justifiquen. Eso explicaría la desfachatez de los dirigentes de Batasuna al avalar con su presencia al nuevo partido, demostrando así sin ninguna duda que se trata de un partido "sucesor", lo que deja el camino fácil a la Sala que deba pronunciarse sobre la legalización.

Porque es evidente que a ETA le importa por encima de todo estar en las instituciones, para recaudar fondos y para tener más voz. Pero no es una locura deducir que, segura de que no va a conseguir que se legalice un partido afín, ha decidido nuevamente la vía de la confrontación con lo que ellos llaman "el Estado español" para tratar de justificar, ante los suyos, que sólo pueden alcanzar sus objetivos políticos a través de la violencia y el terrorismo.