El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar el próximo jueves un pleno extraordinario para abordar la histórica huelga de jueces programada para el próximo día 18 de febrero y sí los jueces tienen derecho o no a hacer huelga.

La huelga convocada para el día 18 la secundan dos de las cuatro asociaciones judiciales -la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- y numerosas juntas de jueces que supondrían en torno al 20% de la carrera judicial.

Si la respuesta del CGPJ es positiva, deberá determinar entonces quién decide los servicios mínimos. Si, por el contrario, se decide que los jueces carecen del derecho a la huelga, tal y como se sostiene desde el Gobierno, aquellos que la secunden podrían incurrir en infracción disciplinaria y ser sancionados. Dicha sanción sería, en todo caso, recurrible ante el Tribunal Supremo.

Decida lo que decida el CGPJ, lo cierto es que la huelga ha tomado una nueva dimensión desde el pasado viernes, cuando la segunda asociación más fuerte por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (FdV), y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), rompieron con las otras dos: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), y decidieron secundar el paro del día 18.

El Gobierno está estudiando regular por ley la prohibición del derecho de huelga a los jueces ante las lagunas legales que presenta este aspecto, ya que un importante sector de la carrera judicial interpreta que la ausencia de una prohibición expresa en la Constitución significa que pueden ejercer ese derecho.

Así lo asegura el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una entrevista que publicó ayer el diario Público, en la que mantiene que, en su opinión, los jueces, como poder del Estado, no tienen derecho a hacer huelga, y añade que su departamento está "reflexionando" sobre la conveniencia de legislar sobre este asunto.

"Sería el único país civilizado con una legislación para prohibir una huelga de jueces, no existe ningún país, ni Portugal, ni Francia, ni siquiera Estados Unidos, donde exista una legislación así", denunció el nuevo portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que calificó esta posibilidad como "un acto desvergonzado".

Por su parte, la APM cargó contra las dos asociaciones que respaldan la huelga prevista este mes, a las que les acusó de tener intereses propios, de haber "repudiado la unidad judicial" y de haber "defraudado la aspiración de los españoles".