Cataluña y Galicia acaparan casi la mitad de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional (TC) en la novena legislatura, según el último informe sobre conflictividad Estado-comunidades autónomas dado a conocer por el Ministerio de Política Territorial.

En el período comprendido entre el 13 de abril de 2008 y el 20 de noviembre de este año, se interpusieron 98 impugnaciones, de las que el Estado planteó 25 y las comunidades 73.

De las 25 impugnaciones del Estado, 24 fueron recursos y solo un conflicto de competencia, mientras que la conflictividad presentada por las autonomías se situó en 73 impugnaciones: 37 recursos y 36 conflictos.

El análisis del Ministerio destaca que la legislatura "más tensa" fue la segunda (1982-1986), cuando se presentaron ante el Tribunal 382 casos, y la que menos la quinta (1993-1996), con un total de 48 impugnaciones.

Respecto a la última legislatura, Cataluña ocupa el primer lugar en número de impugnaciones, con 21 asuntos, por delante de Galicia, con 14; Madrid, 10 y Canarias 8.

Por su parte, las comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y el País Vasco no plantearon conflicto alguno ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el Estado sí interpuso recurso contra una norma de Andalucía y otra del País Vasco, aunque fue la Comunidad Valenciana la que contabilizó mayor número de impugnaciones, un total de seis, una más que Galicia. En el caso del País Vasco, el Estado recurrió la ley que regula la convocatoria de consultas populares, mientras que la de Andalucía se refiere al régimen jurídico y económico de sus puertos.

En la Comunidad Valenciana, dos de las cinco leyes impugnadas aluden a la protección y revitalización del conjunto histórico de Valencia, mientras que en Galicia se recurrieron, entre otras, las leyes de ordenación de productos farmacéuticos y de las cajas de ahorros.

Respecto a las comunidades, La Rioja y Canarias coincidieron en 2008 en impugnar los presupuestos del Estado al entender que se vulneraba el sistema de financiación autonómica.

La comunidad de Cataluña objetó la orden reguladora de las subvenciones de entidades locales para los programas de integración de la inmigración, al igual que el Gobierno de la Generalitat llevó al Tribunal el real decreto que desarrolla la reestructuración bancaria.

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