El Gobierno catalán ha acordado responder a la "ofensiva recentralizadora" del Ejecutivo central con medidas políticas y judiciales como recurrir los decretos sobre educación y sanidad que "invaden" competencias o sugerir la reducción de ministerios como Cultura, Sanidad o Educación. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha denunciado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "va cerrando poco a poco la puerta del diálogo y el acuerdo" y ha advertido de que, ante los intentos de "laminar" las competencias catalanas con el "pretexto" de la lucha contra el déficit, la Generalitat "no se quedará de brazos cruzados ni tirará la toalla" sino que actuará "en legítima defensa". La gota que, según Homs, colmó el vaso fue el real decreto ley de la semana pasada que devuelve al Gobierno la competencia de gestión de los ríos y todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma.

En su reunión de este martes, el Ejecutivo catalán ha adoptado un paquete de medidas políticas, institucionales y jurídicas para hacer frente a la dinámica de "recentralización" que percibe del Gobierno central. De entrada, pedirá dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre el real decreto ley de educación, al considerar que invade competencias sobre la determinación de la jornada lectiva del personal docente, el plazo para la sustitución transitoria del profesorado y aspectos del ámbito universitario.

El Ejecutivo catalán también prevé llevar el real decreto ley sobre sanidad al Consejo de Garantías Estatutarias y, si los dictámenes confirman la vulneración competencial de todos estos proyectos, los recurrirá ante el Tribunal Constitucional, siempre que no se puedan modificar por la vía de enmiendas. Otra de las decisiones adoptadas ha sido encargar al Instituto de Estudios Autonómicos un informe sobre las duplicidades administrativas, con ánimo de identificar aquellas estructuras del Estado que están "claramente sobredimensionadas". Según Homs, "no se acaba de entender" que sigan existiendo los ministerios de Cultura, Educación o Sanidad, ya que estas materias, así como Servicios Sociales o Vivienda, están transferidas a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo catalán trata de contrarrestar así la corriente de opinión en el resto de España en favor de recortar o suprimir instituciones y organismos autonómicos y locales para que no se dupliquen con las instancias estatales. "Si algo sobra aquí es la grasa excesiva que hay en la Administración General del Estado, que tiene mucho por recortar y que debe adelgazar en el actual contexto de austeridad", ha dicho.

En otro gesto más bien simbólico, el Ejecutivo catalán piensa remitir al Ejecutivo central un "requerimiento formal" para que haga efectivas todas las sentencias que "incumple" con Cataluña, como el traspaso del 0,7% del IRPF para fines sociales, las becas o los recursos de FP. Con esta acción, la Generalitat quiere poner de manifiesto que es el Gobierno de Mariano Rajoy quien "conculca el principio de legalidad", pese a que "a veces se intenta presentar las cosas al revés".

Además, la vicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, promoverá un acuerdo entre los máximos representantes del mundo municipal de Cataluña, en el marco del Consejo de Gobiernos Locales, para hacer frente común ante una "posible alteración unilateral del mapa municipal" catalán y en defensa de los pequeños municipios. La Generalitat defenderá asimismo sus competencias en medios de comunicación, frente a la iniciativa del Estado para flexibilizar las formas de gestión de los canales públicos autonómicos.

En esta múltiple respuesta en defensa del autogobierno, el Ejecutivo catalán entiende que encontrará "pocos aliados" entre el resto de ejecutivos autonómicos, donde impera una "dinámica de PP-PSOE" en la que no es posible oír voces "federalistas". Por otra parte, Homs ha subrayado que el Ejecutivo catalán esperará hasta que acabe la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para ver si se han corregido las invasiones competenciales o si, por el contrario, hay que llevarla al Tribunal Constitucional.