España

Cerco judicial al entorno etarra

  • La Audiencia Nacional y el Gobierno vasco prohíben manifestaciones de la izquierda 'abertzale' durante las fiestas de Bilbao y San Sebastián · Cuatro imputados por no retirar fotos de terroristas en bares de Pamplona

El entorno de ETA y todos cuantos jalean a la organización terrorista sienten cada vez más el plomo del peso de la acción judicial: por un lado, el Gobierno vasco y el juez Baltasar Garzón han prohibido la manifestación convocada por la izquierda abertzale para el próximo 21 de agosto en Bilbao, fecha de la celebración del Día Grande de la Aste Nagusia; además, Garzón prohibió ayer tres actos de homenaje a presos etarras previstos para hoy y mañana, durante la semana Grande de San Sebastián, tal y como aparece en la página web de la ilegalizada organización Askatasuna; al tiempo, otro juez de la Audiencia nacional, Eloy Velasco, ha imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de desobediencia grave a los dos propietarios y a las dos encargadas de dos bares de Pamplona por negarse a retirar fotos de etarras exhibidas en sus locales.

La Consejería de Interior vasca ha anunciado que prohíbe la convocatoria en la capital vizcaína para evitar que los abertzales aprovechen la Semana Grande "para defender o reivindicar postulados de organizaciones ilegalizadas", que se produzcan altercados y que se cometa apología del terrorismo. La misma justificación que ha utilizado Garzón, que asegura que se trata de una marcha con la "clara intención de apoyar y enaltecer a ETA".

Sobre las manifestaciones prohibidas en San Sebastián, el juez Garzón entiende que "enmascaran actos que emulan a los ya convocados por el autodenominado Movimiento Pro Amnistía", considerado por la Audiencia Nacional como parte del entramado de ETA, y, por tanto, "no pueden autorizarse ni consentirse al ostentar la categoría de actos ilícitos".

Garzón sostiene que con estos actos se pretende congregar a personas afines "con la clara intención de apoyar y enaltecer a la organización terrorista y sus miembros, especialmente los presos, a los que eufemísticamente se les llama presos políticos, cuando en realidad se trata de personas condenadas o en prisión por delitos relacionados con el terrorismo y ETA".

La agrupación de familiares de presos de ETA Etxerat y el Movimiento pro Amnistía anunciaron ayer que mantienen sus convocatorias para hoy y el sábado en San Sebastián pese a la prohibición del juez Garzón.

Por su parte, el juez Eloy Velasco ha citado a declarar el próximo martes como imputados a los dos propietarios y a las dos encargadas de dos bares de Pamplona por negarse a retirar fotos de etarras exhibidas en sus locales.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a petición del fiscal Miguel Ángel Carballo, que también le reclamó que se proceda "con carácter inmediato, de manera cautelar, a la clausura temporal" de ambos locales. Por ello, Velasco, además de citar a estos cuatro imputados, celebrará una vista de las previstas en el artículo 129 del Código Penal, que establece que el juez que instruye un caso podrá acordar la clausura de una empresa y la suspensión de sus actividades si la considera "instrumento del delito" y "previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales".

La autodenominada izquierda abertzale mostró ayer su rechazo a la "nueva caza de brujas" de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En una nota, advierte de "la vuelta de tuerca" que supone la petición de cierre cautelar de los bares Zurgai y Ezpala, una iniciativa que "pretende abrir nuevos horizontes represivos", dice el comunicado, en el que lamenta que "la estrategia de criminalización de la solidaridad con el colectivo de prisioneros/as vascos/as parece que no tiene límites".

La primera vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ordenó la retirada de imágenes de etarras fue el pasado 12 de marzo, cuando pidió a la Ertzaintza la "urgente" retirada de las fotografías de presos etarras que colgaban de una verja del Banco Guipuzcoano en Mondragón.

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