El Congreso ha aprobado una nueva prórroga del estado de alarma -hasta el 24 de mayo-, gracias a un respaldo aún masivo de la oposición. Poco antes de comenzar la sesión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se garantizó la votación con un acuerdo con el PNV y otro, anterior, con Ciudadanos, pero es que el PP, después de varios días de critica feroz contra la prolongación de esta excepcionalidad constitucional, terminó por abstenerse. Los que se han sumado al bloque del no, que eran Vox, la CUP y JxCat, son uno de los aliados de los socialistas en esta legislatura: los republicanos de ERC.

Han sido 178 síes frente a 75 noes y 97 abstenciones. No está garantizado que haya otra prórroga, la quinta, pero tampoco hay que descartarla.

La oposición ha venido a salvar al Gobierno y su único plan A. Después de días de discusión sobre las alternativas legales para restringir la movilidad de los ciudadanos, se ha impuesto que el estado de alarma es la mejor fórmula, aunque con una garantía de que el Ejecutivo central negociará con los partidos y, en especial, con las comunidades autónomas cómo se desconfina.

El líder del PP, Pablo Casado, ha tenido una de las intervenciones más duras contra Sánchez, al que ha acusado de practicar una "dictadura institucional", pero después se ha abstenido. Ha dicho que será la última vez. En esta posición han tenido mucho que ver la posición de tres presidentes autonómicos: el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel García Ayuso. los dos últimos no querían el final del estado, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se empleó a fondo con el presidente de la Xunta para convencerlo.

Sánchez no ha agradecido al PP la abstención, sino que le ha reprochado que no ejerza la responsabilidad. "Le da miedo aparecer como un apoyo del Gobierno (...), libérese de las cacerolas", le ha dicho Pedro Sánchez a Pablo Casado, y es que los últimos días ha subido de tono la oposición de los seguidores del PP y de Vox a la prórroga. A la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha terminado por apoyar al Ejecutivo, le han llamado traidora. La jerezana se ha referido a ello desde el pleno, donde ha anunciado que, probablemente, será el último al que asista antes de dar a luz.

La oposición ha obtenido dos concesiones del Gobierno, la más importante es la cogobernanza de la fase de desescalada con las comunidades autónomas. De este modo, es el Gobierno andaluz el que propone qué provincias y qué medidas se aplicaran en esos terrenos liberados, que básicamente serán las provincias. El Ministerio de Sanidad es el que decide, una vez escuchada a las comunidades y a sus técnicos, pero también deja a las autonomías una capacidad "interpretativa" sobre las distintas órdenes de Sanidad.

Esto abre paso a que sean las comunidades las que decidan, por ejemplo, sobre asuntos singulares de su territorio, como podría ser la apertura de las playas bajo cierta regulación.

Las dos únicas exigencias cuantificadas que Sanidad establece son que haya una capacidad de instalación en cinco días de 1,5 a dos camas de UCI por cada 10.000 habitantes y de 37 a 40 camas de agudos. La Consejería de Salud también ha comunicado que hay otro criterio que es el de 10 nuevos contagios como máximo por cada 10.000 habitantes, pero no es una exigencia regulada en el BOE, como sí son las dos primeras.