La Audiencia de Barcelona ha ratificado la fianza de 3,2 millones que el juez del "caso Palau" impuso a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por el expolio de la institución, al apreciar indicios de que el partido recibió pagos de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obra pública. En un auto, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona rechaza el recurso presentado por CDC, al que se sumó el ex responsable de Ferrovial en Cataluña Pedro Buenaventura -imputado en la causa-.

La Audiencia de Barcelona avala los argumentos esgrimidos tanto por el juez de Instrucción como por la Fiscalía y concluye que la imposición de la fianza -que ha comportado que CDC tenga su sede embargada-, no se puede considerar ni "arbitraria" ni "infundada".

Tras la decisión, el portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, aseguró que el "círculo se va estrechando" sobre CDC en el caso Palau, pues cada vez hay "indicios más claros" de una supuesta financiación ilegal.