La Generalitat siguió adelante con los preparativos del 9-N los días posteriores a su suspensión por el Constitucional (TC), según han sostenido este martes ante el tribunal varios testigos vinculados a la organización informática de la consulta y a los institutos que acogieron la votación.

Ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzga al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N han declarado una quincena de testigos, entre ellos cargos y técnicos encargados de la logística de la consulta, así como responsables de las empresas proveedoras de la Generalitat para la organización de la jornada de votación.

En la sesión también se ha abordado la gestión de los colegios que acogieron las urnas el 9-N, con versiones contrapuestas, ya que un inspector de Enseñanza y una directora han denunciado presiones a los docentes para abrir sus puertas, mientras que la Directora Territorial del Departamento en Barcelona y el inspector jefe lo han negado y han asegurado que no se coaccionó a nadie.

En este sentido, Josefa Bosch, que dirigía en 2014 el instituto Pompeu Fabra de Badalona, ha desmentido que se sintiera coaccionada: "Presión hubiera sido si nos hubieran obligado a nosotros a abrir los centros", ha dicho.

La declaración de algunos de los testigos interrogados ha contribuido a reforzar la tesis de la Fiscalía, que mantiene que, pese a que fueron los voluntarios quienes materialmente asumieron la ejecución de la votación -como ayer mantuvieron los tres acusados-, las tareas de organización siguieron en marcha después del 4 de noviembre, cuando el TC suspendió la consulta, bajo el "control" de la Generalitat.

Así se desprende del testimonio del director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) durante el 9-N, Jordi Escalé, quien ha reconocido que los ordenadores que se utilizaron en los puntos de votación fueron repartidos entre los días 7 y 8 de noviembre.

El testigo ha explicado que, antes del 4 de noviembre, ya se habían enviado ordenadores a unos 500 municipios de la geografía catalana, pero los terminales que iban destinados a institutos que acogían las urnas del 9-N se distribuyeron entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, para evitar así interferir en la "actividad normal" de los centros educativos.

En ese sentido, Juan G., administrador de una empresa a la que Fujitsu contrató para distribuir los ordenadores del 9-N, ha situado entre el 7 y el 8 de noviembre el reparto de las terminales.

También un trabajador de esa empresa subcontratada, que ha declarado como testigo, ha corroborado que cobró 200 euros por el reparto de los ordenadores el día 8 de noviembre -lo que demostró aportando un albarán al sumario- y otros 200 por estar de guardia en su casa el 9-N ante cualquier incidencia técnica que pudiera surgir en la votación.

Otro de los testigos que ha apuntado que la Generalitat mantuvo los preparativos para la logística de la consulta después del 4 de noviembre es Bernat Rigau, empleado de la empresa T-Systems, que en 2014 coordinaba los trabajos informáticos previstos en los contratos suscritos con el CTTI.

Según el testigo, ante las dudas expresadas por su empresa tras la suspensión de la consulta, el CTTI indicó por carta a T-Systems que siguiera adelante con los preparativos para la consulta porque sus trabajos no estaban afectados por la resolución del TC.

De esa forma, siguiendo las indicaciones del CTTI, la empresa T-Systems -que entre otros trabajos confeccionó los aplicativos informáticos utilizados en la votación- mantuvo el dispositivo de guardia que debía supervisar la buena marcha de la votación del 9-N.

La carta, que T-Systems hizo llegar al TSJC a raíz de la investigación del caso del 9-N, fue la que motivó que la Fiscalía pidiera la imputación del exconseller de Presidencia Francesc Homs por su papel en la consulta, ya que fue éste quien indicó por escrito al CTTI que los trabajos informáticos contratados no estaban afectados por la suspensión.

Asimismo, un responsable de la empresa Fujitsu, que instaló los programas en los cerca de 7.000 ordenadores usados en la consulta, ha explicado que hasta el 8 de noviembre mantuvo reuniones y permaneció en contacto con cargos del CTTI para darles cuenta de la evolución de sus trabajos.

Respecto al uso de los centros educativos titularidad de la Generalitat que acogieron las urnas del 9-N, la sala ha escuchado el testimonio de Dolores Agenjo, directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder su centro para la consulta.

La testigo, que formó parte de la lista electoral de Ciudadanos en las últimas autonómicas, ha revelado hoy que el día 7 de noviembre recibió varias llamadas de la ex directora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, pero ella se resistió a hacerlo mientras no se lo exigieran por escrito.

Según la testigo, cuando, ante las dudas sobre la legalidad del 9-N avisó a Llobet de que tenía el propósito de remitir ese escrito a la Delegación del Gobierno y a la Alta Inspección -dependiente del Ministerio de Educación-, la ex directora de Servicios Territoriales le dijo que tenía que hacer una consulta y no volvió a tener noticias de ella.

Llobet, por su parte, ha declarado que se limitó a informar en una reunión de que "seguramente" sus institutos serían sede del 9-N, al ser propiedad de la Generalitat, y ha rechazado haber presionado a nadie, al igual que Francesc Güell, inspector jefe de Enseñanza en el 2014, que solo ha reconocido que "hubo un tira y afloja".