Familiares de seis de los 62 fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42 han pedido a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial por el siniestro ocurrido en 2003 y les conceda las indemnizaciones oportunas para reparar el daño causado.

Los allegados de los seis militares han presentado un recurso a la ministra de Defensa en el que le piden que declare nula la resolución de su Ministerio del pasado 4 de mayo en la que la administración asumía la responsabilidad en la tragedia pero rechazaba las indemnizaciones solicitadas.

Los firmantes del recurso advierten a Cospedal de que en caso de que no acepte sus demandas, podrían reabrir el proceso judicial para reclamar la reparación económica ante la Audiencia Nacional.

"Solicitamos justicia real. Señora Cospedal, acepte nuestras pretensiones y no nos haga tener que iniciar otro proceso judicial. Déjenos empezar el duelo hoy mismo. Aceptando nuestra reclamación, pondrá en valor la vida de 62 auténticos héroes", argumentan.

El recurso contra la resolución de Defensa lo han suscrito las viudas e hijos de los comandantes Felipe Perla, José Manuel Ripollés, José Antonio Fernández y Antonio Novo, del brigada Francisco Moro y del sargento primero José Luis Moreno.

Las familiares de los fallecidos del Yak-42 han cobrado hasta ahora 389.100 euros en concepto de indemnizaciones por seguros de vida y accidente.

Los firmantes del recurso reclaman una cuantía suplementaria del Estado que sería de 50.000 euros por viuda y 25.000 por huérfano.

Defensa redactó su resolución después de que el Consejo de Estado dictaminara que hubo responsabilidad de la administración en el accidente ocurrido el 26 de mayo en 2003 al regreso de los militares de una misión en Afganistán.

El dictamen del órgano consultivo descartaba, sin embargo, la posibilidad de que los familiares de víctimas que acudieron a la vía civil para ser indemnizados pudieran serlo una segunda vez a través de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En el recurso de los familiares de seis de las víctimas se afirma que, ante el fallecimiento de una persona, "la indemnización económica es el único y siempre insuficiente remedio de reparación del daño que causa tal evento".

"Es el llamado precio del dolor", subrayan los familiares en el escrito.

A su juicio, el daño moral y psicológico merece una cantidad superior a la recibida puesto que no ha habido ninguna indemnización por vía penal, a pesar de que se constató "la actuación negligente de la Administración" durante el proceso de contratación del avión.

"No tenemos que soportar la resignación al saber que ningún responsable de la tragedia vaya a pagar por no haberla evitado, y que dicha responsabilidad no conlleve un resarcimiento económico por parte la Administración, es decir, que la mayor tragedia del Ejército en tiempo de paz resulte gratuita e impune", argumentan.

El paso dado por este grupo de familiares se desmarca de la postura adoptada por el grueso de miembros de la asociación de víctimas del Yak-42, que dio por concluida su "lucha" y declinó pedir una reparación económica al día siguiente de que Defensa firmara la resolución del expediente sobre el siniestro.

Las seis viudas y doce huérfanos, algunos de los cuales pertenecen a la asociación de víctimas, alegan que hay motivos suficientes para que se estime la responsabilidad patrimonial de la Administración.

"Nuestro propósito es que una vez que se ha reconocido la culpa del Estado (...) se nos resarza simbólicamente (...) El daño no tiene precio para su familia, pero no deberlo tenerlo tampoco para su país", demandan las seis viudas y los doce huérfanos.

En su pliego de alegaciones, las seis familias denuncian un trato discriminatorio respecto a otros siniestros, como el del incendio de Guadalajara ocurrido en 2005, que derivó en unas indemnizaciones de entre 347.132 y 375.6003 euros para las familias de los once fallecidos.

Los firmantes del recurso recuerdan que cuando De Cospedal llegó a la presidencia de Castilla-La Mancha, aprobó en 2013 una compensación adicional a las víctimas del incendio que ahora reclaman para la causa del Yak-42.

También ponen como ejemplo de discriminación el hecho de que el ex ciclista Roberto Heras fuera indemnizado por el Estado con 724.904 euros después de que el Tribunal Supremo anulara su sanción por dopaje.