España

Fernández de la Vega exige a Cascos que rectifique sus acusaciones o vaya a los tribunales

  • La vicepresidenta considera que las declaraciones del ex secretario general del PP sobre que una "camarilla policial" fabrica pruebas en el caso Gürtel, son de "extrema gravedad"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha exigido al ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos que rectifique "de inmediato" sus acusaciones sobre la actuación de la Policía en el caso Gürtel o acuda con pruebas a los tribunales. Fernández de la Vega ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que estas declaraciones de Álvarez Cascos son de "extrema gravedad" y ha subrayado que el PP debe exigir su rectificación para defender el buen nombre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Álvarez Cascos ha asegurado que la causa del caso Gürtel "está viciada de origen" por la "animadversión pública y proclamada" del juez instructor, Baltasar Garzón, contra el PP y la existencia de "una camarilla policial" dedicada a "falsificar papeles y preconstituir pruebas".

"En un estado de derecho, el que acusa debe presentar pruebas", ha aseverado la vicepresidenta primera, quien ha insistido en que Álvarez Cascos "tiene que rectificar" porque "no se puede admitir en democracia una acusación tan gravísima sin pruebas a la Policía". "Respetamos la actuación al cien por cien de los jueces, está fuera de toda duda y esta es una posición indiscutible del Gobierno", ha comenzado advirtiendo Fernández de la Vega al referirse al levantamiento del secreto del caso Gürtel.

Ha agregado que, con independencia de la investigación judicial, "en el ámbito político" los "máximos responsables" del Partido Popular deben "elevar el nivel de exigencia sobre lo que está ocurriendo dentro de sus filas y explicar lo sucedido y lo que está sucediendo". Ha hecho hincapié en que "en política no vale todo" y hay que adoptar decisiones "claras" y "contundentes" contra la corrupción, para que sean entendidas por los ciudadanos y que estos "sepan que no está justificada ninguna actuación contra la corrupción": "Hay conductas que no se pueden consentir, con independencia de cuál sea la decisión final de la Justicia. Es exigible información, explicaciones y asunción de responsabilidades políticas", ha concluido.

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