La fiscal ha pedido que se desestime la demanda interpuesta por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, contra varios medios por la divulgación de sus correos privados, al estimar que no se vulneró su derecho a la intimidad, ya que envió los mensajes desde un ordenador profesional al que tenían acceso varias personas. En el juzgado de primera instancia número 46 de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio por la demanda por vulneración al derecho a la intimidad presentada por Urdangarin contra de su ex socio Diego Torres -también imputado en el caso Nóos- y siete grupos editoriales por hacerse eco de informaciones sobre el contenido de sus correos íntimos. 

Sin la presencia en el juicio ni de Urdangarin ni de Torres -que ya comparecieron en una vista previa por este caso celebrada en julio pasado-, la fiscal ha pedido que se desestime la demanda, mientras que para el abogado del duque, Mario Pascual Vives, ha quedado acreditado que hubo una intromisión en su intimidad al divulgarse información de "carácter privadísimo". Urdangarin presentó en mayo pasado una demanda por vulneración a su derecho a la intimidad en la que solicitó una simbólica indemnización de un euro -más las costas judiciales- a cada una de las partes contra las que dirigió el litigio, al tiempo que reclamó -y la juez lo acordó de forma cautelar- que se prohibiera la difusión de los correos electrónicos que afectasen a su intimidad. 

La fiscal ha recordado en el juicio que en la comparecencia que se llevó a cabo el pasado 16 de julio, el marido de la infanta Cristina admitió que envió estos correos, pero que no sabía concretamente a qué personas, desde su ordenador profesional en las oficinas del Instituto Nóos, al que tuvieron acceso varios empleados primero y numerosos funcionarios después. Según la representante del ministerio público, esta versión difiere del contenido de la demanda, que apunta que eran correos dirigidos a su ex socio Diego Torres. 

La fiscal ha destacado además que al ordenador profesional del duque tenían acceso una cantidad "ingente" de personas, desde el medio centenar de empleados del Instituto Nóos hasta el CNI y posteriormente, a raíz del caso Nóos, la Policía Nacional, el juzgado y un informático que contrataron para vaciar el dispositivo. "Era un ordenador de la empresa, por lo que no cumplía con las expectativas de privacidad", ha sostenido la fiscal, que ha rechazado así el argumento esgrimido por el duque de que no consintió que se divulgaran los correos. 

Además, la fiscal ha apuntado que el Urdangarin es un personaje con un interés público "innegable" y ha recordado que las informaciones que se hicieron eco del contenido de estos correos íntimos se divulgaron en plena instrucción del caso Nóos, que siempre ha comportado un gran revuelo mediático. También ha sostenido que no se ha podido acreditar que los medios demandados publicaran los correos, sino que se hicieron eco de su contenido. La fiscal también ha subrayado que no existe ninguna prueba de que fuera Diego Torres quien recibió los correos y los facilitó a terceros. Para el ministerio público, no ha quedado acreditado qué beneficio podría haber tenido Torres filtrando los correos, y posteriormente los medios publicándolos, y tampoco se ha podido demostrar que el duque sufriera daño moral, psíquico o profesional por la divulgación. 

Por contra, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha insistido en que los correos tenían un carácter "indudablemente privado e íntimo" y que se divulgó su contenido sin su consentimiento: "El entretenimiento no puede ser a costa del ataque gratuito a los derechos del demandante". Además, ha indicado que el duque no ejerce ninguna función de carácter público; que esta divulgación no ayuda a informar a la opinión pública sobre aspectos de interés general y que se dio un "matiz morboso" a correos de "carácter privadísimo". 

Los abogados de los medios demandados y el letrado de Diego Torres, además de alinearse con la fiscalía, han pedido que se imponga el pago de las costas judiciales al duque de Palma. Los representantes legales de los medios han alegado que si los correos llegaron a la opinión pública fue por la "conducta negligente" del duque, que escribió mensajes íntimos en un ordenador profesional al que tenían acceso numerosas personas.