España

La Fiscalía pide ocho años de cárcel a Ignacio González por el caso Lezo

  • Anticorrupción atribuye al ex presidente de Madrid el desvío de fondos del Canal de Isabel II para la compra de Emissao

Ignacio González.

Ignacio González. / ep

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de ocho años de prisión para el ex presidente de Madrid Ignacio González por fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013.

Según el escrito del Ministerio Público, González se repartió con otras cuatro personas 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4,9 millones de euros, calcula la Fiscalía- en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio que se pagó por la citada empresa.

Le acusa de repartirse con otros cuatro socios más de 5 millones en comisiones ilegales

El ex mandatario madrileño, oculto bajo el apodo de Conde, cobró 1,8 millones de dólares -1,6 millones de euros- a través de una sociedad panameña, de acuerdo con las investigaciones.

En el marco de la pieza Emissao del caso Lezo, la Fiscalía, que solicita la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional, reclama también 19 años de inhabilitación para González. Pide además siete años de prisión y 16 de inhabilitación para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, acusados como González de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada.

Para el que era propietario de Emissao Sebastiao Cristovam solicita seis años y medio de prisión; para la ex directiva del Canal María Fernanda Richmond, cinco años de prisión por malversación; y para el ex gerente de la empresa Triple A Ramón Navarro y el ex directivo de Inassa Diego Fernando García Arias, dos años de prisión y cinco de inhabilitación.

Según el relato de la Fiscalía, el proceso de compra de Emissao, que se llevó a cabo entre 2012 y 2014, "estuvo plagado de ilicitudes" y supuso una salida indebida de fondos públicos de entre 6,8 y 9,7 millones de euros.

El Ministerio Público reclama a los acusados que indemnicen al Canal, conjunta y solidariamente, con unos 2 millones de euros, después de que se devolviese la mayor parte del dinero. El sobreprecio en la compra de la entidad brasileña se pagó "de acuerdo con el plan ideado" por González, que presidió el Canal entre 2003 y 2012, antes de presidir la Comunidad (2012-2015), Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro.

Los cinco, afirma el Ministerio Fiscal, pactaron repartirse 5,4 millones de dólares en comisiones ilegales y el principal beneficiado de la mordida fue González. Los otros cuatro -apodados General, Maradona, Abuelo y Moro- cobraron 900.000 euros cada uno, según la Fiscalía. Para su plan contaron con la "colaboración esencial" del acusado Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao, "quien se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos".

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