España

La Generalitat exige a Solbes que "reescriba" su modelo porque incumple el 'Estatut'

  • La propuesta de financiación del Gobierno tendrá cifras concretas la semana que viene.

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El consenso unánime que promete el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación no se antoja nada fácil en lo que respecta a Cataluña. Sin esperar a tener sobre la mesa los números de Solbes, el secretario general de la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat, Martí Carnicer, instó hoy al Gobierno a "reformular" y "reescribir" su propuesta de financiación de las CCAA porque sigue sin cumplir el 'Estatut'. En cualquier caso, la propuesta del Gobierno para el nuevo modelo tendrá cifras concretas la semana que viene. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó que en los próximos días el Ministerio de Economía y Hacienda trasladará a las comunidades autónomas los números y porcentajes concretos del nuevo modelo. Se abrirá entonces una nueva fase en las negociaciones para alumbrar el que definió como "el acuerdo más consensuado y participado que se conoce".  

"Habrá acuerdo y será el acuerdo más consensuado y participado que se conoce", afirmó De la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde aseguró que todas las CCAA saldrán ganando con este nuevo modelo que nace "con voluntad de permanecer" y garantizará que "todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y nivel de vida vivan donde vivan".

Y al tratarse de un acuerdo tan beneficioso para todos, la vicepresidenta hizo un llamamiento para que en esta materia se dejen a un lado "los intereses partidistas" y sumar fuerzas para "avanzar juntos" hacia el consenso. En este camino, anunció de la Vega, una vez concluida la ronda de reuniones del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con todos los presidentes autonómicos y después de que el miércoles reciba a los presidentes presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, el Ministero de Economía trasladará la próxima semana las cifras de su propuesta a las CCAA para continuar con la negociación.

Se abrirá entonces "una nueva etapa de negociación" y auguró que "pronto" se podrá llevar la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Ahí vamos a estar todos, el Gobierno, las comunidades autónomas y yo creo que también los partidos políticos", afirmó de la Vega que se dirigió directamente al PP al que instó a decidir "si quiere estar fuera o dentro, si quiere sumar o restar" en este acuerdo que, insistió, "beneficiará a todos los ciudadanos".

Interrogada por la postura del gobierno catalán, restando importancia a la fecha en la que se firme el nuevo sistema, De la Vega y señaló que "ponen de manifiesto que las cosas van bien". "Cuando se tiene la seguridad de que va a haber acuerdo, todo el mundo está tranquilo", zanjó. Pero después de oír al secretario general de la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat el optimismo de De la Vega no está muy justificado. 

"Con la propuesta actual, no habría acuerdo, por lo que se tendría que formular de nuevo", advirtió Martí Carnicer que invitó a Solbes a "reformular" y "reescribir" su propuesta de financiación si quieren llegar a un acuerdo ya que la actual no cumple con el 'Estatut'. "No tenemos prisa" en alcanzar un acuerdo, reiteró Carnicer, que, en una rueda de prensa en la que presentó oficialmente el documento los las conclusiones de la Generalitat sobre la propuesta de Solbes, subrayó que el Govern quiere "negociar bien" y con calma para tener un "buen acuerdo".

Pero en la propuesta de Solbes no todo es malo para la Generalitat, el documento también destaca los avances que hay en el modelo entre los que enumera que el Estado "reconoce la insuficiencia financiera del actual modelo" e introduce mecanismos de nivelación entre las autonomías en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales). También ve positivo que la población sea el "indicador básico" y que sus variables básicas se actualicen anualmente, y la compensación de los costes adicionales que tienen las autonomías bilingües.

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