España

El Gobierno lleva al Constitucional la Consejería de Exteriores catalana y la comisión constituyente

  • El Gobierno catalán asegura que mantendrá la consejería que dirige Romeva con la "tranquilidad absoluta" de que el Estatuto así lo "ampara".

El Consejo de Ministros ha decidido dar instrucciones para recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña y la comisión de estudios del Proceso Constituyente que se creará en el Parlamento catalán. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado esta decisión del Ejecutivo, adoptada tras estudiar los correspondientes informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia.

De este modo, el Ejecutivo impugnará el decreto que regula las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat en tanto que también está recurrida la ley de Acción Exterior catalana. La consejería, dirigida por Raül Romeva, es una de las principales novedades del Ejecutivo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Consejo de Ministros también ha decidido recurrir la creación de la comisión de estudio del Proceso Constituyente en el Parlamento catalán, aprobada el miércoles 20 de enero gracias al voto favorable de Las formaciones Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot. Se trata de una comisión para abordar el "carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña", además de la "identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar dicho proceso". Aunque inicialmente debía tener rango legislativo, JxS y la CUP aceptaron rebajar la comisión a solo de estudio para contar con el apoyo de Sí Que Es Pot, eliminando además el término Transición Nacional de su nombre.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que aún no se ha decidido la fórmula para acudir al Constitucional, es decir, si se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencias entre administraciones. Respecto a la Consejería de Exteriores, Sáenz de Santamaría ha dicho que, con su creación, el Gobierno catalán desarrolla la Ley de Acción Exterior de la Generalitat que fue recurrida por el Ejecutivo ante el Constitucional, que aún no ha sentenciado sobre el recurso. Lo que estudian los servicios jurídicos del Estado es la fórmula "para poner de manifiesto que se ha producido ese desarrollo" de la ley recurrida por el Gobierno. Si no se tratara del desarrollo de esa ley, ha continuado la vicepresidenta, la fórmula para acudir al Constitucional sería "clarísimamente" un conflicto de competencias, pero como "hay un proceso abierto sobre la misma cuestión" y "trae causa de la anterior", se está estudiando.

Respecto a la comisión de estudios creada en el Parlamento, la vicepresidenta ha señalado que la propuesta que se llevó a la Junta de Portavoces de la cámara autonómica fue una "comisión legislativa de proceso constituyente". En esa reunión, ha argumentado, el propio secretario general del Parlamento advirtió que se trataba "clarísimamente" de una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía abrir un proceso de esa naturaleza, por lo que "se transformó en comisión de estudios". "Indudablemente, este Gobierno tiene que tener la suficiente agilidad y, también, prudencia, para evitar que lo que quería hacerse de una manera no acabe convirtiéndose en otra a través de otra fórmula", ha declarado Sáenz de Santamaría.

El Gobierno, ha agregado, analizará "muy bien a qué se va a dedicar" la comisión de estudios "y cuál va a ser el futuro de las decisiones que ahí se adopten", con el objetivo de ver "si algunas cosas se hacen para evitar otras" mediante "un uso del derecho que tampoco está permitido". "Las cosas son lo que son y también lo que se persigue con ellas", ha subrayado. Así, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que prepare la fórmula procesal más adecuada para proceder a la interposición de los correspondientes recursos o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo catalán mantiene la consejería de Exteriores bajo el "amparo" del Estatuto

La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha asegurado que el Gobierno catalán piensa mantener la Consejería de Asuntos Exteriores y continuar ejerciendo las competencias en este ámbito, con la "tranquilidad absoluta" de que el Estatuto así lo "ampara". Munté ha comparecido en el Palau de la Generalitat para reaccionar a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Constitucional las funciones de la consejería de Romeva y la comisión de estudio del proceso constituyente.

Invocando el capítulo tercero del título quinto del Estatuto, donde se recogen las competencias en "acción exterior de la Generalitat", Munté ha expresado su "pleno convencimiento" de que el Gobierno catalán está "haciendo las cosas bien hechas" y bajo el "amparo de la legalidad". "Cataluña continuará ejerciendo con normalidad sus competencias en Exteriores como hasta ahora", ha recalcado Munté, que ha eludido pronunciarse sobre si el Gobierno catalán acataría una eventual suspensión de la consejería de Exteriores si así lo determinara el Constitucional.

El hecho de que el Estatuto "reconozca a la Generalitat estas competencias", según la portavoz del Gobierno catalán, demuestra a su juicio que la consejería de Romeva entra "dentro del marco legal". En su opinión, no hay motivo para exigir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no dé rango de consejería a sus competencias en acción exterior: "El Gobierno catalán se organiza como considera más oportuno", ha afirmado la consejera. Munté ha subrayado que la "proyección exterior" de Cataluña resulta "del todo imprescindible e irrenunciable" para la "captación de inversiones y la potenciación de vínculos" de todo tipo con otros países, como también hacen, según ha recordado, otras comunidades autónomas.

También ha denunciado que el Gobierno central intente tumbar la comisión parlamentaria de estudio sobre el proceso constituyente de un nuevo Estado independiente: "Todos los parlamentos pueden debatir y estudiar sobre todo lo que consideren oportuno, esa es la esencia del parlamentarismo", ha recalcado. Munté se ha quejado de que las respuestas del Gobierno de Mariano Rajoy "siempre pasen por recurrir a los tribunales" y "amenazar con recursos y suspensiones, ante demandas y aspiraciones cien por cien políticas y legítimas". Esta actitud, ha añadido, "no encaja nada" con la supuesta predisposición de Rajoy a hablar con Puigdemont, con quien aún no ha hablado por teléfono.

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