España

El Gobierno confía en que Estrasburgo acabe aceptando la doctrina Parot

  • El PP dice que una derogación sería "profundamente injusta" y "cruel" con las víctimas. Los partidos nacionalistas vascos creen que sería un paso más hacia la paz.

El Gobierno ha mostrado su confianza en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respalde la doctrina Parot, en un fallo que se espera que se haga público en los próximos días, mientras que los partidos nacionalistas vascos han defendido su derogación como un paso más para avanzar hacia la paz. Tanto el PP como UPyD han advertido de las consecuencias de un fallo favorable a la anulación de la norma, ante el silencio del PSOE que esperará a conocer la resolución de Estrasburgo antes de pronunciarse, si bien los socialistas vascos ya han destacado que no considerarían un "desastre" su derogación.

La Corte Europea se pronunciará en los próximos días sobre el recurso presentado por España contra un fallo de ese mismo tribunal sobre la aplicación de la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas impuestas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Esta medida suele aplicarse a los condenados por delitos de terrorismo o a aquellos que hayan cometido crímenes muy graves y que hayan producido una gran alarma social.

Desde Luxemburgo, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que cree que hay violaciones de derechos humanos que "merecen más atención" que la situación de la etarra Inés del Río -que llevó al Tribunal de Estrasburgo que se le aplicara la doctrina Parot-, al tiempo que ha añadido que respetará el dictamen de la corte europea.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha confiado en una resolución favorable de la gran sala del TEDH sobre la legalidad de la norma, porque además de ser "absolutamente rigurosa" jurídicamente es también "necesaria" para luchar contra la criminalidad más atroz. Martínez, no obstante, ha reconocido que, aunque el Ejecutivo no tiene "datos" sobre el próximo pronunciamiento del tribunal, sí que es consciente de que la situación es "complicada". "Estamos en vía de recurso y la primera sentencia ya fue mala, ya fue desfavorable", ha admitido el número dos de Interior en referencia al recurso interpuesto por la Abogacía del Estado a la decisión del tribunal que el pasado año avaló a la etarra Inés del Río condenada a 3.000 años de prisión por 23 asesinatos.

En la misma línea se ha pronunciado el PP, que considera, en palabras de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, que la derogación de la norma sería "profundamente injusta" y "cruel" con las víctimas del terrorismo. Esta opinión la comparte la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, que ha instado al tribunal a evaluar las consecuencias de una posible anulación judicial de la doctrina para los españoles y para los europeos. Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha preferido esperar a conocer la resolución de Estrasburgo antes de pronunciarse, si bien los socialistas vascos han señalado que la derogación no sería un "desastre".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también se ha referido a la próxima sentencia y se ha mostrado "convencido" de que Estrasburgo aceptará la aplicación de la doctrina, todo lo contrario que las formaciones nacionalistas vascas, que confían en que la corte se incline por su anulación. Así, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la derogación supondría un "paso de gigante en la resolución del conflicto", en referencia al terrorismo de ETA, mientras que el parlamentario vasco de EH Bildu Dani Maeztu ha destacado el "empuje" que significaría para Euskadi la anulación de una norma que se enmarca dentro de una "política de venganza" del Estado hacia los presos.

Si finalmente el TEDH deroga la doctrina Parot, más de medio centenar de terroristas saldrían en libertad, entre ellos Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor, con 21 muertos, o Juan José Zubieta, condenado por el atentado en la casa cuartel de Vic, en la que murieron once personas, entre ellas cinco niños.

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