El Gobierno está preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal. Francisco Caamaño defiende el proyecto, aunque ha reconocido que es "sólo un borrador", porque recogerá garantías constitucionales que la actual norma no recoge y sí lo hacen los tribunales Constitucional y Supremo. En cambio, al PP no le ha gustado el proyecto, porque no garantizará la independencia en las investigaciones.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reconoció ayer la existencia de un borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que contempla, entre otras medidas, que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir la investigación penal. El objetivo del Ejecutivo no será aprobar la nueva norma antes de agotar la legislatura, sino que "por encima de todo se consiga un consenso total en el Congreso por parte de todas las fuerzas políticas".

"Se trata sólo de un borrador, por lo que todavía queda mucho trabajo que hacer, bastantes cosas que perfilar y un gran techo que recorrer", manifestó el ministro de Justicia, quien añadió que "con la reforma de esta ley, queremos copiar las pautas propias que las democracias avanzadas, especialmente las de la Unión Europea, siguen en los procesos penales".

Esta ley "es necesaria", explicó Caamaño, porque la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "no contempla muchas de las garantías constitucionales, que el Tribunal Constitucional y el Supremo sí contemplan". Además, recordó que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal en vigor data de hace 129 años.

Con el nuevo proyecto, la Fiscalía será la encargada de dirigir la investigación, pero eso no quiere decir que vaya a haber menos jueces, porque entrará en juego la figura del "juez de garantías", que centrará todo el trabajo que desarrolle el fiscal.

En cambio, al PP no le gusta el proyecto. Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ceder las investigaciones criminales a la Fiscalía "choca" con un modelo de Fiscalía General del Estado "que está organizada como está organizada" y con la que se han vivido "muchos casos de decisiones cuando no imposiciones" del propio Gobierno.

Por su parte, las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) han visto con buenos ojos algunos aspectos que incorpora el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone el Gobierno.

Jueces para la Democracia valora "muy positivamente" el borrador que "por fin" aborda una reforma estructural del proceso penal para poner fin a una "situación insostenible", que se ha caracterizado por una fase de investigación "ineficaz" y "altamente disfuncional" y por "un intolerable déficit regulativo".

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, subraya algunos "aspectos positivos", como es la regulación de las escuchas telefónicas, la grabación en vídeo de los detenidos o la inclusión de un Estatuto de la Víctima. Pero la asociación de jueces advierte sobre otros puntos "críticos" del texto, como es la propuesta de que el detenido sea asistido no sólo por un médico forense, sino por otro designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Para la asociación, eso supone introducir un elemento "extraño" que transmite la sensación de que "hay sospechas" sobre la situación del arrestado.