La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que el recorte salarial a los empleados públicos es una medida legal que está avalada por el Estatuto Básico del Empleado Público.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega opinó así tras la decisión de la Audiencia Nacional de dictar una providencia en la que por "unanimidad" asegura que tiene dudas sobre la constitucionalidad del recorte a los asalariados públicos y que puede afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, y al derecho de igualdad.

La vicepresidenta incidió en que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos o acuerdos por causa excepcional o de interés público, algo que, a su juicio, está en esta ocasión es justificado "al cambiar la situación económica y haber una alteración sustancial de las circunstancias".

Asimismo, indicó que el recorte salarial a los empleados públicos es temporal y es consecuencia de la responsabilidad del Gobierno "para garantizar la viabilidad del modelo de protección social y de la economía". Además, recordó que todos los países de la UE han adoptado medidas similares.