El Gobierno solicitó ayer al Congreso la autorización que permita a España participar en la operación Atalanta de la UE para luchar contra la piratería en aguas de Somalia, que tendrá una duración de un año y un máximo de 395 soldados.

La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del primer Consejo de Ministros del año que, con la intervención española, "se da respuesta a las recomendaciones de la ONU" y a la operación aprobada por el Consejo de la Unión Europea.

Se trata de un "problema" de la comunidad internacional, dijo De la Vega, y, por tanto, "se debe hacer frente de forma coordinada y conjunta".

Esta misión internacional incluye el despliegue en la zona de una fragata y un buque de aprovisionamiento logístico, además de un contingente que no superará los 395 efectivos.

La operación Atalanta, impulsada por Francia y España, fue aprobada por la Unión Europea el pasado noviembre con el objetivo de contribuir a la "disuasión, prevención y lucha" contra los actos de piratería y robo a mano armada que tienen lugar frente a las costas somalíes.

Previamente y ante el deterioro de la seguridad en esa zona, el Consejo de Seguridad de la ONU dictó cinco resoluciones en las que se instaba a los Estados y organizaciones regionales a tomar medidas para proteger la navegación comercial y el suministro de asistencia humanitaria, así como a actuar contra la piratería y el robo a mano armada, empleando los medios necesarios.

España asumirá en abril el mando de la fuerza europea. El capitán de fragata Juan Garat Caramé será a partir de entonces el comandante jefe de la operación naval de la UE, según anunció la ministra de Defensa, Carme Chacón, el pasado mes de noviembre.