España

El Gobierno se blinda legalmente para exhumar los restos de Franco

  • El Consejo de Ministros aprobará el viernes un decreto para retocar la Ley de Memoria Histórica

  • Lo que impedirá que la familia del dictador paralice el traslado en un juzgado ordinario

Una persona despliega una bandera anticonstitucional en la explanada del Valle de los Caídos. Una persona despliega una bandera anticonstitucional en la explanada del Valle de los Caídos.

Una persona despliega una bandera anticonstitucional en la explanada del Valle de los Caídos. / Mariscal / Efe

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El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó ayer que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el próximo viernes un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco.

Así lo indicó ayer el ministro de Cultura en declaraciones a la cadena Ser, en las que explicó que un decreto ley es la fórmula más adecuada para reformar la Ley de Memoria Histórica, ya que así se evitaría que cuestiones judiciales impidan acometer "cuanto antes" la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos (Madrid). De hecho, un particular no podría recurrir una ley, algo reservado para un partido con representación parlamentaria, ni tampoco un ordinario podría paralizar el proceso, que en último caso llegaría al Tribunal Constitucional.

Hay que mirar al futuro y no en lo que ocurrió hace 40 años y reabrir viejas heridas"

Aunque la medida fuera aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, el decreto ley debería ser validado por el Congreso, por lo que hay que esperar al inicio del período de sesiones, ha recordó Guirao, que confía en que se pueda acometer este proceso lo antes posible.

El pasado 18 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez garantizó que se cumpliría con la proposición no de Ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Congreso sin votos en contra en mayo de 2017, para proceder a la exhumación de los restos del dictador de su tumba y que esta se llevaría a cabo en julio.

A mediados de ese mes, el Gobierno socialista admitió problemas con la familia de Franco por la decisión de exhumarlo y mostró sus dudas de que fuera posible ese mismo mes, como tenía previsto inicialmente.

La Abadía Benedictina de la Santa Cruz es responsable de la basílica y entre sus funciones está el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería.

Desde la Fundación Francisco Franco se entiende que el lugar donde está ubicada la tumba del dictador, entre el altar mayor y el coro, es parte de la basílica, y esta, según los acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado, "es inviolable".

El presidente ejecutivo de esta Fundación, Juan Chicharro, ha subrayado a Efe que "un cadáver pertenece a su familia y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito y habría una querella".

El presidente del PP, Pablo Casado, manifestó que "reabrir viejas heridas no conduce a nada". A preguntas de los periodistas tras una visita a Melilla, afirmó que él prefiere "mirar al futuro y en lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 año y no en lo que ocurrió hace 40 años".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, criticó por su parte que Sánchez, "no está planteando una solución global" al "problema" y reivindicó que el Valle de los Caídos se reconvierta el conjunto en un "espacio de reconciliación".

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