La Delegación del Gobierno en Cataluña ha dado instrucciones para llevar a los tribunales a todos los ayuntamientos que promulguen decretos o aprueben en sus plenos la aplicación del manifiesto que presentarán las entidades municipales independentistas, que prevé ceder locales para el referéndum del 1 de octubre.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, tanto la propia Delegación como las cuatro subdelegaciones provinciales en Cataluña poseen unidades cuya función rutinaria es la de verificar la legalidad de todos los actos en los plenos de los ayuntamientos, unas estructuras de Estado que deben cumplir la legalidad y en los que su personal, como secretarios o interventores, forman parte del cuerpo funcionarial estatal.

El Ayuntamiento de Barcelona permite contratar a familiares como personal eventual

En este contexto, la Delegación del Gobierno en Cataluña estará vigilante ante el acto convocado hoy en el paraninfo de la Universidad de Barcelona por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) y la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (ACM), en el que los alcaldes soberanistas apoyarán un manifiesto a favor del referéndum previsto por el Govern para el 1-O, y que expresará el compromiso de los ediles de colaborar en su organización cediendo "locales habituales" como colegios electorales.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer una propuesta del PP contra el apoyo municipal al referéndum, lo que hizo que los concejales del PSC se desmarcaran de los de Barcelona En Comú de la alcaldesa Ada Colau.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, como portavoz de BComú, argumentó que avalar la propuesta del PP "sería una criminalización preventiva". Por contra, el segundo teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, explicó el apoyo a la propuesta del PP en el rechazo a la "vía unilateral" que ha tomado desde hace cinco años el Govern.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó, asimismo, ayer un Código Ético que mantiene la posibilidad de nombrar familiares como personal eventual con los votos de BComú, PSC, Cs, ERC, el PPC y el concejal no adscrito de Demócratas, mientras que el grupo demócrata (PDeCAT y Unió) se abstenía y la CUP votaba en contra. El código será de obligado cumplimiento para cargos electos, personal eventual, directores y gerentes municipales y contempla sanciones. Afecta a unas 480 personas.