El Gobierno trabajará para reponer la memoria de todos aquellos ciudadanos afectados por la Guerra Civil y por el franquismo, y por ello, ha destacado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tiene "casi ultimadas" ocho normas de la Ley de Memoria Histórica.

De la Vega, en respuesta a una pregunta del líder y diputado de IU, Gaspar Llamazares, en la sesión de control al Gobierno, ha enumerado aquellas cuestiones de la citada ley que comenzarán a aplicarse en breve.

Entre otras, la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas entre finales de los 60 y los 70 por luchar por la democracia o la adquisición de la nacionalidad española a los hijos y nietos españoles de los exiliados.

También se reorganizará el archivo de la Guerra Civil, se elaborará un censo de quienes trabajaron forzosamente en obras de las infraestructuras de la dictadura, se retirarán los símbolos conmemorativos y se pondrá en marcha un procedimiento para concretar un mapa de localizaciones de fosas comunes.

Precisamente sobre esta cuestión la vicepresidenta ha recordado que hay ya 63 proyectos subvencionados para la identificación, localización y exhumación de los desaparecidos, así como desde hace poco tiempo la administración concede pensiones de orfandad e indemnizaciones por tiempos de prisión.

Igualmente se han implantado medidas para mejorar la fiscalidad de los afectados.

Pero el Gobierno no parará aquí, según ha dicho la vicepresidenta, ya que quiere velar por el cumplimiento de una ley que defiende el derecho de muchas personas a reponer la memoria de sus familiares con "dignidad y honor", y por esta razón, colaborará con la Justicia, como hace con las reclamaciones del juez Baltasar Garzón.

La recuperación de la memoria de quienes padecieron persecución durante la Guerra Civil y el franquismo es, ha dicho De la Vega, "una cuestión muy dolorosa para los familiares" y "sensible para todo el mundo", pues se dan "posiciones distintas" que en cualquier caso merecen "respeto".

Pero el Gobierno, en aplicación de una ley que aprobó el Parlamento el año pasado, "tiene la obligación de ayudar a las familias que quieran enterrar sus heridas". "Es un derecho de todos los ciudadanos" y "el Gobierno no dejará de trabajar en lo que le corresponde", ha apostillado.

Llamazares ha subrayado que el Ejecutivo, en lo que al cumplimiento de la ley de Memoria Histórica se refiere, tiene "una obligación moral y legal".

En virtud de la misma, no sólo ha de prestar total colaboración a la Justicia, como ahora que Garzón ha pedido una serie de censos a diversas instituciones, sino que también tiene que cumplir la ley.

A su juicio, la aplicación de la norma por el Gobierno "va para otro lado", ya que continúan "muchas cuestiones pendientes".

Igualmente ha remarcado que IU ha planteado en el Congreso una treintena de preguntas alusivas a la memoria histórica que el Gobierno, según Llamazares, no ha contestado.