La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo tiene la obligación "de escuchar a todos los españoles", tanto "a la gente que sale" como a las "mayorías silenciosas" que "se quedan en casa" y "tienen derecho" a que se vele "por sus libertades y por sus opiniones".

 "El Gobierno, dentro de la Constitución, habla y dialoga con todas las Comunidades Autónomas porque somos Gobierno en toda España, de toda España", ha afirmado en declaraciones a los periodistas al ser preguntada sobre si el Gobierno tiene intención de escuchar a los cientos de miles de catalanes que reclamaron la independencia de Cataluña durante las celebraciones de la Diada. En este sentido, Sáenz de Santamaría ha defendido que "ese diálogo dentro de la Constitución es el marco que el Gobierno reivindica para que este país esté más fuerte y más unido en lo que es el objetivo nacional". "El objetivo nacional de la gente que sale y de la gente que se queda en su casa, que es crear empleo y mejorar el bienestar", ha concluido, antes de asistir al desayuno informativo ofrecido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en Nueva Economía Fórum.

Margallo pide diálogo y admite el éxito de la cadena humana

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha abogado por el diálogo dentro del marco constitucional tras la Diada de Cataluña, aunque ha dicho que le producen "preocupación y tristeza" esos actos y ha reconocido que fue un "éxito de convocatoria". García-Margallo ha abogado por hacer una "reflexión" sobre la organización territorial que, ha subrayado, "no debe abocar a una reforma de la Constitución" para así abordar este asunto y "convencer" a los catalanes que quieren la secesión que esa comunidad está mejor dentro que fuera de España.

"La secesión de Cataluña sería una amputación extraordinariamente dolorosa", ha afirmado García-Margallo. Ha reconocido que la cadena humana fue un "éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación" y ha añadido que es el reflejo de que el país cuenta con una Constitución que permite la libertad de expresión. "El mismo respeto que merecen esos manifestantes, lo merecen los que no se movilizaron o manifestaron", ha afirmado. Ha considerado que el Gobierno tiene que "escuchar a la calle" pero ha explicado que no es ahí donde se hace la política, por lo que ha apostado por el diálogo dentro del marco constitucional. "La Constitución fue un pacto social, entre todos los españoles y comunidades autónomas, y un pacto multilateral no puede ser unilateralmente roto por ninguna parte", ha aseverado.

No obstante, García-Margallo ha destacado la importancia de tratar de averiguar las causas que han motivado esa "desafección" de algunos catalanes hacia el resto de España. El ministro ha citado, entre ellas, las infraestructuras, la lengua y la cultura y la financiación, por lo que ha señalado que habría que buscar una "reforma" ya que "los modelos no son eternos". "Hacer una reflexión sobre la organización territorial que nos dimos en 1977, que no debe abocar a una reforma de la Constitución. Es posible una reforma en el tema de las competencias y la financiación, sin entrar en la modificación del título VIII", ha añadido.

Doce detenidos por el ataque al acto de la Diada en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un total de 12 personas relacionadas con el ataque a la librería Blanquerna, sede del Gobierno catalán en Madrid. Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, seis personas fueron detenidas de madrugada (cinco hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 23 y los 56 años), acusados de un delito de lesiones por pegar a una persona durante el ataque. Otro de ellos tenía un antecedente por hurto y otro por desórdenes similares. Fueron localizados por la Policía en las localidades de Móstoles, Ajalvir y Madrid capital.

Este jueves por la tarde seis personas se presentaron por su propio pie en la comisaría de Moratalaz y, tras reconocer que participaron activamente en los hechos, inicialmente han quedado detenidos cinco de ellos. Posteriormente, y tras conocer su implicación en el asalto, los agentes procedieron a detener a la sexta persona. Son seis varones, con edades comprendidas entre 29 y 50 años, dos de ellos con antecedentes por hechos similares. Se les acusa de los delitos de daños, amenazas, coacciones contra los derechos fundamentales y desórdenes públicos. En total, los doce apresados, todos ellos relacionados con partidos o movimientos de ideología ultraderechista, pasarán a disposición de un juez de Madrid.