La Moncloa es consciente de que los funcionarios catalanes son una pieza clave en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones del Gobierno catalán ante el referéndum. Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja el Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen también algunas pautas de defensa jurídica que pueden seguir en caso de recibir órdenes de dudosa legalidad por parte del Gobierno de Carles Puigdemont.

Llama a desobedecer al superior jerárquico si las órdenes van en contra de la ley

El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesguen a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".

Este recordatorio se produce en medio de las presiones que, según fuentes consultadas, se están ejerciendo sobre algunos funcionarios catalanes. En este plano enmarcan declaraciones como las que realizó recientemente el diputado de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach instando a sancionar a los funcionarios que incumplan la llamada Ley de Transitoriedad catalana.

Sin embargo, el Gobierno está evitando contestar a cada una de las "provocaciones" de Puigdemont -entre las que cita las de hace unos días retando a Rajoy a aclarar su usará la fuerza- para no "alimentar el victimismo", según fuentes gubernamentales.

Hace unos días, la consejera de Gobernación catalán, Meritxell Borràs, acusó al Gobierno de Rajoy de querer "amenazar" a los funcionarios y dijo que, ante el proceso político que vive Cataluña, "preservarán y protegerán a los trabajadores públicos", sin ponerlos "en riesgo". Fuentes de La Moncloa lamentan que el Gobierno catalán "intente dar la vuelta" a la situación porque, según explican, lo único que están haciendo es trasladar a los funcionarios que tienen amparo legal y que pueden no obedecer una orden que vaya contra la Carta Magna y las resoluciones del TC.

En el citado argumentario el Gobierno destaca que los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean "claramente contrarias" al ordenamiento constitucional.

En este punto, cree que es recomendable que el funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que sea por escrito. Éste es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reunión que en mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.

La número dos del Gobierno conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato, que aconseja a los empleados públicos que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. De esta manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.