El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, informó ayer de que el Gobierno creará una célula de trabajo para "salvaguardar" los intereses de las comunidades autónomas en el debate de perspectivas financieras 2014-2020 en la Unión Europea.

Durante una rueda de prensa en Sevilla tras su encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el ministro aseguró que España y las comunidades se juegan mucho con las nuevas perspectivas financieras. Asimismo, Jáuregui manifestó que el Gobierno y las regiones tienen que establecer "un compromiso en la consolidación de las cuentas públicas".

Tras asegurar que España prevé una reducción de su déficit al 6% para este año y al 3% para 2012, afirmó que el compromiso de saneamiento de las cuentas públicas y la "transparencia" de las mismas es algo "ineludible e inaplazable que el Gobierno y las comunidades van a desarrollar". Al ser preguntado por la posible necesidad de fijar un techo de gasto regional, el ministro expresó que éste ya existe, algo de lo que se encarga el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y añadió que el Gobierno es el encargado de autorizar las emisiones de endeudamiento que las regiones planteen.

Del mismo modo, Jáuregui señaló que el déficit público de las comunidades en conjunto con el Estado debe tener una referencia en el pacto de estabilidad europeo, y apuntó que, tras las declaraciones sobre el tema de la canciller alemana, Angela Merkel, duda que a ella le importe el reparto que se haga en España del déficit, sino que el interés es que el país cumpla sus compromisos.

Jáuregui expresó también su preocupación por la "tentación revisionista" que afecta estos días al modelo autonómico, calificando la actitud de "peligrosa". El ministro defendió el actual Estado autonómico por el "gran éxito" que ha tenido. "El modelo actual funciona bien, ha producido un gran equilibrio interno entre las regiones y ha convertido en realidades políticas a regiones tradicionalmente devaluadas por el centralismo", esgrimió.

En cuanto al pacto social suscrito por Gobierno, sindicatos y empresarios, el titular del Ministerio de la Presidencia indicó que es "bastante decepcionante" que muchos sectores hagan una "interpretación minimalista" del acuerdo e intenten depreciarlo. "Sólo un partidismo sectario devaluaría el acuerdo", sentenció.

Jáuregui explicó que el pacto es sinónimo de confianza interna además de un "gesto de confianza externa a los mercados, a las cancillerías de otros países y a Europa por completo". Según el ministro, la importancia del acuerdo está siendo reconocida por los principales dirigentes europeos pues "impulsa el crecimiento y el futuro de la economía europea".

Sobre el pacto social, el ministro quiso destacar que es un acuerdo "profundo" que regula elementos esenciales de la economía española como es el sistema de pensiones a 20 años. Asimismo, valoró el "esfuerzo colectivo" que ha supuesto la incorporación de los agentes sociales e interpretó el hecho como un compromiso de España "para salir de la crisis". Jáuregui hizo hincapié en que ningún otro país de Europa ha conseguido un acuerdo igual en un periodo de crisis ni una vertebración social y política sobre aspectos tan sensibles como es el sistema de pensiones. "Merece la pena trasladar al país la sensación de que hemos hecho algo importante, bueno y clave para el futuro", recalcó.

Con motivo de su encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, el ministro destacó la petición de Griñán de que se establezca un periodo transitorio en el que se mantengan parte de los fondos estructurales que recibe la comunidad para consolidar el impulso que le ha permitido convertirse en un territorio de competitividad. Asimismo, según Jáuregui, hablaron de la futura Política Agraria Comunitaria, pues a Griñán le preocupa el crecimiento de los precios agrícolas y la devaluación de la cantidad que los agricultores cobran por sus productos.

Por último, Jáuregui contestó un rotundo "no" a la acción de depurar responsabilidades al Ministerio del Interior por el caso Faisán después de que el PP pidiese explicaciones por considerar el caso "como el GAL pero al revés" ya que es "una guerra sucia contra la Policía".