El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que ejercite todas las acciones legales contempladas en la Ley de Partidos para impedir que el partido Askatasuna y la plataforma Demokrazia 3 Milioi (D3M) concurran a las elecciones autonómicas vascas del próximo 1 de marzo.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado "vinculaciones" entre estas dos formaciones y la ilegalizada Batasuna o sus sucesoras. De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.

De la Vega ha explicado que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil "se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por la agrupación electoral D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008", en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.

Aunque no ha concretado cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta ha señalado que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo "una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes" policiales siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Supremo y el Constitucional.

La orden dada por el Gobierno, según Fernández de la Vega, autoriza a los servicios jurídicos del Estado a ejercitar todas las acciones legales previstas en la Ley para garantizar que ninguna formación o candidatura electoral continuadora de las ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones. "El Gobierno, como siempre, está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden", ha concluido.

Según el Ejecutivo, las consecuencias jurídicas que se derivan de los vínculos encontrados "han sido apreciadas por la Abogacía del Estado como relevantes a los efectos de poder instar de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas de ambas formaciones y, en su caso, la ilegalización del partido político Askatasuna".